“Los dueños de la compañía seguimos siendo Fabián de Sousa y yo”, dijo ayer Cristóbal López, poco después de salir del penal de Ezeiza, donde estuvo detenido desde el 20 de diciembre pasado. De modo brusco y más locuaz que nunca, López recalcó que no le vendió a Ignacio Rosner, de OP Investment, la empresa. En diálogo con PERFIL, esta mañana su abogado Carlos Beraldi, ratificó sus dichos y sostuvo “la empresa sigue siendo de ellos (por López y De Sousa). Son los accionistas”. Y agregó que “tanto la AFIP como los veedores dijeron que no hubo traspaso accionario”. En tanto que señaló que “Rosner es un administrador designado legítimamente” y “quien interviene en el concurso de acreedores”, en referencia a la situación del ex Grupo Indalo.
Los chubutenses estaban detenidos desde el 19 y 20 de diciembre, cuando el juez de la causa, Julián Ercolini consideró que el intento de venta del Grupo Indalo al fondo de inversion OP, de Rosner, constituía un intento de obstaculizar la justicia.
López y De Sousa fueron liberados el viernes por la tarde, luego de un fallo dividido de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña. Los magistrados también introdujeron un cambio en la calificación y sostuvieron que deben ser investigados por “apropiación indebida de tributos” y no por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Tal como publicó PERFIL en su edición impresa de hoy, en el piso 29 de la torre Catalinas, donde el titular de OP tiene su búnker, negaban hasta ayer a la tarde el desembarco de López y De Sousa. En tanto que un piso más abajo, donde su ubican las gerencias de Indalo, preveían que tras su salida del penal, Cristóbal volvería a hacerse cargo de la compañía.
En diálogo con este diario, Beraldi sostuvo que la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones “resolvió ayer tres cosas muy importantes: descartó una defraudación y cambió la carátula”, en tanto que resaltó que el tribunal estableció, por mayoría, que “no había fundamento para la prisión preventiva”. Beraldi, que defiende tanto a López como a De Sousa y a Cristina Fernández de Kirchner, en varios de sus casos más comprometidos, sostuvo que nunca se violaron ninguna de las medidas cautelares.
“No hubo transferencia accionaria porque esta era la operación que estaba sometida a que el juez la autorizara”. “En el escrito (de diciembre pasado) se decía que se sometía una oferta de venta a que el juez la avalara, la levantara. No puede decirse que uno desobedece al juez”. En ese sentido, Beraldi destacó el voto del camarista Eduardo Farah, de la Sala II, que intervino para destrabar la situación luego de que los dos miembros de la Sala I, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, se inclinaran por posturas diferentes: el primero a favor de la que los empresarios kirchneristas fueran liberados, y el segundo, presos.
“Nunca hubo intención de quebrar una medida cautelar”, insistió y afirmó que de hecho,” “nunca se quebró, porque los bienes siguen en cabeza de ellos. La empresa sigue siendo de ellos”, recalcó. “Son los accionistas”, completó.
