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POLITICA / fallo de camara federal
sábado 17 marzo, 2018

Cristóbal recuperó su libertad pero sigue procesado

Dos de los tres jueces rechazaron la prisión preventiva. También salió su socio De Sousa. Quedó más complicada la posición de Ricardo Echegaray.

por Patricia Blanco

Investigados. López y De Sousa no le pagaron a a la AFIP, que conducía Echegaray, quien no los persiguió. Foto: Pablo Cuarterolo

Después de más de cien días, los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa durmieron anoche fuera de la cárcel. En un duro fallo, dos de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal ordenaron ayer su libertad, confirmaron sus procesamientos (pero cambiando la figura delictiva) y agravaron la situación para Ricardo Echegaray, el ex jefe de la AFIP.

No fue una decisión simple. En Comodoro Py 2002 era un secreto a voces que los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero no se ponían de acuerdo en el caso Oil Combustibles, en el que se investiga a los empresarios por la apropiación de un impuesto al combustible por $ 8 mil millones (actualizado asciende a $ 17 mil millones).

Por eso, su colega de la Sala II Eduardo Farah iba a ser convocado para desempatar (PERFIL lo contó hace un par semanas). Pero el fallo se demoró más de lo pensado. En el medio, los rumores volvieron a poner a Ballestero en la mira del Gobierno y esta semana el Consejo de la Magistratura aprobó el traspaso definitivo del juez Bruglia a la Cámara Federal en reemplazo del destituido Eduardo Freiler.

Si en algo coincidieron los tres jueces es en que López y De Sousa se quedaron con la plata del impuesto al combustible para financiar su emporio. Y que Echegaray se los permitió a través de distintos planes, que no se pagaban, y sin perseguirlos penalmente. Pero mientras que Bruglia votó por confirmar el fallo del juez Julián Ercolini, Ballestero y Farah hicieron cesar las detenciones y cambiaron la calificación legal a “apropiación indebida de tributos”.

Aunque tiene la misma escala penal que la defraudación, de 2 a 6 años de cárcel, la modificación agravó la situación de Echegaray porque sube la escala penal para los funcionarios. “La plata no era patrimonio del Estado” porque el dinero del ITC “nunca ingresó a las arcas fiscales”, se señaló.

Críticas. El fallo que abrió las puertas de las celdas de López y De Sousa fue durísimo con el juez Ercolini, que lleva adelante la investigación por asociación ilícita contra Cristina Kirchner. La resolución no ahorró en adjetivos como “errático, incongruente, incoherente, arbitrario” y hasta incluyó signos de admiración para cuestionar los argumentos que tuvo Ercolini a la hora de ordenar detenciones en diciembre.

Si el encierro cautelar fuera el modo adecuado de tutelar las acreencias del Estado, no puedo imaginar cuántos otros empresarios debieran estar acompañando hoy, sin juicio de por medio, a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. No se necesitaría otra cosa que hacer un repaso por los más voluminosos procesos que transitan en sede comercial. Pero es evidente que la suerte no les sonríe a todos por igual”, disparó Ballestero. Según dijo, Ercolini “ponderó la deuda que Oil Combustibles SA mantiene con el fisco”; “lo que el juez dispuso no fue un procesamiento, sino un embargo con prisión preventiva”.

Farah acotó que no hubo “ocultamiento o ardid” al querer vender la empresa porque “el juez siempre supo” ese proceder. Y añadió que si a Echegaray, que fue funcionario por una década, no lo metió preso “es inviable sostener” que dos ciudadanos particulares puedan entorpecer la causa. Según pudo reconstruir PERFIL, el lunes, tras someterse a una intervención cardíaca, Ballestero estuvo en su despacho mientras Bruglia terminaba de hilvanar su voto. El martes, los jueces se cruzaron y oficializaron sus disidencias. El jueves ambos terminaron sus votos y llamaron al desempate. Aunque el trámite prometía demorarse, el tercer juez -que ya había estudiado el caso en el verano- firmó su resolución ayer mismo.


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