La normativa establece la creación de la Agencia Nacional de Movilidad Sustentable, como organismo responsable de reglamentar las normas que regirán para los vehículos que se comercializarán en el mercado argentino, incluyendo los de producción nacional e importados.
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En relación a los vehículos, presenta un esquema de renovación de flota afectada al transporte de pasajeros, y vehículos de utilización de la administración pública nacional.
También, como ejes fundamentales, se plantean incentivos a las inversiones, para el incremento productivo de proyectos existentes, y a nuevos proyectos destinados a la producción de bienes de la movilidad sustentable.
Por otra parte, en lo que respecta a la producción, la normativa propone incentivos a las fábricas terminales, autopartistas, productores de baterías y cargadores, que tendrán beneficios fiscales “estáticos” cuando se instalen proyectos productivos de movilidad sustentable, y “dinámicos” en función del cumplimiento de metas acordadas (exportaciones, creación de fuentes de trabajo y desarrollo de proveedores).
El Proyecto de Ley de Promoción de la Electromovilidad, que establece el 1 de enero del 2041 como fecha límite para la venta de modelos nuevos con motores nafteros o diésel (salvo excepciones autorizadas), estima crear 12.500 puestos de trabajo en las terminales automotrices, con inversiones que ronden los 5.000 millones de dólares. También aportará 8.500 puestos de trabajo en los sectores autopartistas y fabricantes de baterías, nuevos actores en la cadena de valor de la producción automotriz.
