A 24 horas de entregar el poder para que a mediados de diciembre parta rumbo a Turín a cumplir con una invitación de los mandatarios Emmanuel Macron y Sergio Matarella, y posteriormente asentarse en España, Alberto Fernández comienza una nueva etapa dejando en Argentina varios frentes judiciales abiertos.
El más reciente, de esta misma semana, tiene que ver con la denuncia que hizo en los tribunales de Comodoro Py la abogada Valeria Carreras en su contra por “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Para la letrada, Fernández “descreyó del índice de pobreza informado por el Indec”. El aún mandatario manifestó en una entrevista que “la pobreza está mal medida… y que si hubiera semejante cantidad de pobreza (refiriéndose al 40%), la Argentina estaría estallada”.
“Estamos sin duda frente a un incumplimiento de deberes de funcionario público vía la omisión (no hizo lo que debía hacer, a tenor de estar anoticiado del error o sospechar de su falsedad) no denunció”, sostuvo Carreras en su acusación penal ahora a cargo del magistrado Daniel Rafecas y el fiscal Eduardo Taiano.
Por otra parte y luego de haber abonado hace más de año y medio la suma 3 millones de pesos como parte del acuerdo de reparación integral establecido en el Código Penal, por su cuenta y por la de Fabiola Yañez; Alberto culmina su gestión sin haber sido sobreseído en la causa por la fiesta de Olivos cuando se celebraba el cumpleaños de la primera dama mientras regía la restricción excepcional de circulación y total de reuniones por la cuarentena del covid-19. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabeli, aguarda que la Corte Suprema resuelva un recurso de queja de Pablo Musse y Beatriz Oviedo, familiares de Solange Mousse, quienes insisten en ser aceptados como querellantes.
Finalmente el próximo año se sabrá si Fernández deberá retractarse públicamente y abonar los 40 millones de pesos en la causa en el fuero civil que le inició el camarista federal Leopoldo Bruglia.
La demanda por daños y perjuicios fue porque el mandatario reprochó en fuertes términos un fallo de la Sala I de ese tribunal (integrado por Bruglia y sus colegas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens), que excarceló a los miembros de Revolución Federal. En la por entonces red social Twitter, el Presidente acusó a Bruglia y Bertuzzi de ocupar ilegítimamente sus cargos en la Cámara Federal Porteña.
Alberto se presentó tardíamente en tribunales y fue declarado en rebeldía, decisión de la que dijo “haberse sentido lastimado”. La causa entró en etapa final previo a la sentencia, solo resta que se libren los oficios para conocer el nivel de repercusión y daños de los dichos del jefe de Estado para con el magistrado y a la red social X para que informe el impacto que tuvo dentro de esa red social pues fue de ahí, desde donde salieron los dichos por los que fue demandado.
