El año que pasó tuvo la particularidad de ser el que registró la mayor cantidad de sentencias dictadas en materia de juicios por delitos de lesa humanidad: 27. Se trata de la cifra más alta de todo el proceso de justicia desde su reapertura en 2006, cuando se dictó la primera sentencia posterior a la anulación de las leyes de impunidad, y al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró su inconstitucionalidad. De acuerdo con las cifras difundidas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en total en 2017 fueron condenadas 205 personas por delitos contra 2.017 víctimas, y entre los condenados hubo ex jueces federales y provinciales.
No obstante estos resultados, la Procuraduría evaluó que, aunque el total de sentencias de 2017 “es una buena señal respecto del avance de los procesos, el estado de las causas en las que aún no se dictó veredicto todavía presenta serias demoras”.
Parte de las cifras de condenados salieron de la sentencia que se dictó en diciembre pasado en el marco de la causa ESMA Unificada, que juzgó los delitos cometidos contra 789 víctimas y significó el proceso más prolongado en la historia del sistema penal argentino. Tras cinco años de debate, el Tribunal Oral Federal 5 condenó a 48 acusados por delitos de lesa humanidad, y el veredicto tuvo por primera vez acreditada la metodología de los denominados “vuelos de la muerte”. Entre los condenados estuvo Alfredo Astiz, cuyo nombre apareció en la nómina elaborada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) como uno de los que podrían cumplir condena fuera de la cárcel, para resolver el tema de superpoblación carcelaria. Según el listado, Astiz estaría junto a otros siete represores con cuadros oncológicos, por lo que entrarían en los criterios que contempla la ley del área.
Otros debates que llegaron a su fin el último año fueron en el interior del país. El de Operativo Independencia I, en Tucumán, donde se investigaron crímenes contra 270 víctimas en 1975, poco antes del golpe, y también la megacausa Juicio a los Jueces, en Mendoza, donde se juzgó a ex integrantes de la Justicia Federal, el Ejército, la Fuerza Aérea, la policía provincial y la Policía Federal, por los delitos cometidos contra 170 víctimas. En tanto, en Córdoba se condenó a ex jueces provinciales por delitos contra 75 personas.
De acuerdo con los datos de la Procuraduría, hay un total de 599 causas en trámite, con 2.485 personas investigadas por delitos de lesa humanidad. En 397 de esos expedientes todavía no se dictó sentencia, y 278 se encuentran en etapa de instrucción. “Es decir que un 47% del total de causas todavía no alcanzó la etapa de debate, cifra que se ha mantenido relativamente estable en los últimos tres años, en parte debido a que las investigaciones continúan activas, pero también por las demoras en la tramitación hasta la elevación a juicio. En suma, este análisis implica que la mayoría de los procesos judiciales están lejos de obtener sentencia en el corto plazo”.
Otras 103 causas fueron elevadas a juicio, pero al día de hoy en solo seis casos se dispuso la fecha de inicio del debate. Hay 15 causas en litigio: 12 en la etapa de debate oral y tres en la de plenario, en los casos de procesos que tramitan por escrito, bajo el antiguo Código Procesal Penal.
