El Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, habló del proyecto que será tratado en sesiones extraordinarias de febrero para modificar la ley de financiamiento político. En ese sentido, criticó al kirchnerismo, responsable de la legislación vigente, ya que “demostró tener falencias importantes”. Por eso, propone “garantizar que nadie” coopte una campaña.
En diálogo con Télam, Pérez explicó que el Gobierno busca cambiar las bases de la última ley, aprobada en 2009, para que a partir de ahora las empresas “puedan aportar como máximo dos por ciento sobre el total de lo que les está permitido recibir a los partidos”. De esta forma, detalló, “se evita cualquier tipo de condicionamiento”.
La Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales tiene a su cargo todo el proceso electoral de este año a nivel nacional.
“Se está garantizando que nadie pueda cooptar una campaña o que algunas empresas puedan sostener el financiamiento de la misma. Es decir, va a estar atomizado”, profundizó el secretario. En relación a la normativa vigente, sostuvo que “permite el aporte de dinero en efectivo", que financia “el 50 por ciento de las campañas”.
Según Pérez, los aportes en efectivo han “impedido conocer en forma fehaciente quiénes son los aportantes. Por eso el principal punto del proyecto es la bancarización absoluta de los aportes y gastos, para identificar” a todos aquellos que donan dinero. Es así que, considera, podría haber “una trazabilidad” sobre el origen de los fondos electorales. Por otra parte, señaló que, originalmente, esta propuesta se había pensado en el marco de una reforma general, que incluía el uso de una boleta única electrónica, algo que se frustró en el Senado con la oposición justicialista.
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“Las empresas hoy pueden aportar a la vida institucional, pero no a la campaña, y nosotros planteamos que, a pesar de esta prohibición, durante los últimos años siguieron aportando, y lo que creció es el financiamiento no registrado” prosiguió el funcionario. Asimismo, añadió que pondrán “más auditores para hacer auditorías sobre el funcionamiento de las campañas y la posibilidad de cruzar datos con la Justicia, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)".
