La senadora bonaerense Malena Galmarini fue denunciada penalmente por el viaje que realizó junto a su esposo, Sergio Massa, y un grupo de amigos a Barbados en un avión privado. La presentación judicial surgió luego de una nota publicada por PERFIL, y busca determinar quién financió el traslado, cuál fue su costo y si el eventual beneficio recibido por la funcionaria tuvo alguna relación con su cargo público.
El escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal aclara que el viaje en un avión privado no constituye por sí mismo un delito. El objetivo de la presentación es determinar si la senadora provincial recibió gratuitamente un beneficio patrimonial de considerable valor proveniente de un empresario privado y, en caso de ser así, quién lo solventó y por qué motivo.
Entre los puntos que se solicitaron investigar aparecen quién afrontó efectivamente los costos del traslado, cuál fue el valor económico del beneficio, si Galmarini realizó algún pago o contraprestación y quién contrató, organizó o proporcionó la aeronave. También se pidió establecer si la eventual liberalidad fue otorgada en consideración a la función pública desempeñada por la legisladora.
Sergio Massa, su esposa y un grupo de amigos viajaron una semana al Caribe en avión privado
La presentación plantea como posible encuadre inicial el delito de admisión de dádivas, contemplado en el artículo 259 del Código Penal, aunque aclara que la calificación es provisoria y que podría modificarse según los elementos que surjan durante la investigación.
Según la información a la que accedió PERFIL, el matrimonio viajó a Barbados junto a otras personas para celebrar su aniversario de casados. La aeronave utilizada para parte del recorrido fue identificada como un Gulfstream vinculado al empresario Francisco De Narváez.
Desde el entorno de Massa señalaron que el viaje se trató de una invitación personal realizada por De Narváez, en el marco del aniversario de la pareja. Esa explicación es uno de los elementos que ahora busca precisar la denuncia, particularmente respecto de quién afrontó los costos y bajo qué condiciones se produjo la invitación.
La presentación judicial incorpora como antecedente la información publicada sobre el costo estimado de los vuelos (400 mil dólares), pero insiste en que ese monto deberá ser comprobado. El escrito también solicita establecer quién contrató la aeronave, quién efectuó los pagos y mediante qué personas físicas o jurídicas se instrumentó la operación.
Uno de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con Francisco De Narváez. Se pidió que se determine si el empresario, las sociedades que integran su grupo económico o compañías vinculadas mantienen o mantuvieron relaciones con organismos del Estado bonaerense.
En particular, el escrito menciona la necesidad de relevar posibles contratos, concesiones, permisos, autorizaciones, beneficios fiscales, relaciones comerciales o intereses regulatorios que pudieran quedar alcanzados por decisiones de la Provincia de Buenos Aires.
La presentación también solicitó que esa información sea contrastada con la actividad parlamentaria de Galmarini desde el inicio de su mandato. Para eso, pidió relevar sus proyectos, votaciones, dictámenes, intervenciones en comisiones, reuniones y gestiones institucionales, con el objetivo de establecer si existió alguna vinculación funcional con los intereses del empresario.
La denuncia y el respaldo de Lilia Lemoine
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal de La Plata por el abogado Leandro Furundarena, quien confirmó el avance de la presentación a través de sus redes sociales. “Me acabo de hacer presente en el ministerio público de La Plata, para denunciar a la senadora Malena Galmarini por sus irregulares viajes millonarios al Caribe”, publicó.
El abogado agregó que mantendría informados a sus seguidores sobre el avance de la causa y precisó que la denuncia ya se encontraba radicada en la UFI N.º 2 de La Plata. Además, en comunicación con PERFIL, detalló que "la denuncia fue realizada por derecho propio, pero con Lilia Lemoine mantuvimos comunicación fluida al momento de llevar a cabo las acciones pertinentes".
Por su parte, la diputada nacional tuiteó: “En base a una nota periodística de PERFIL, hablé con el abogado Leandro Furundarena y hoy presentó una denuncia en La Plata para que se abra una investigación sobre el viaje en jet privado de la senadora de la Provincia de Buenos Aires Malena Galmarini”.
La funcionaria sostuvo además que el viaje “habría tenido un costo de 400 mil dólares” y afirmó que el traslado habría sido provisto por quien identificó como “el mayor aportante de campaña de su marido en 2023”. En ese sentido, pidió que se investigue el origen del financiamiento y las circunstancias en las que la senadora habría accedido al vuelo privado.
“Deberá investigarse tal como, cito, se pide en la denuncia”, sostuvo Lemoine en su publicación, antes de reproducir parte del escrito judicial. La diputada citó específicamente el fragmento en el que se plantea la necesidad de determinar si la senadora recibió gratuitamente un beneficio económico proveniente de un empresario privado y si ese beneficio estuvo relacionado con su función pública.
El monto de US$400.000 mencionado por Lemoine figura en la denuncia como una cifra atribuida a información periodística. El propio documento aclara que ese valor no se encuentra definitivamente acreditado y que uno de los objetivos centrales de la investigación será establecer el costo real de los vuelos y cuánto habría correspondido específicamente al traslado de Galmarini. "Renunciá, chorra", exigió de todas formas la diputada.
La comparación con el caso Adorni
Al anunciar la presentación, la diputada libertaria sostuvo que esperaba que el caso tuviera seguimiento periodístico hasta que se esclarecieran las circunstancias del viaje. "Confío en que el periodismo dará la cobertura necesaria al caso hasta que se verifique que no hubo delito”, escribió Lemoine.
La legisladora hizo así referencia a la propia naturaleza de la presentación judicial, que no afirma que Galmarini haya cometido un delito, sino que solicita que se investigue si existió una conducta que pudiera encuadrar en alguna figura penal.
De hecho, la presentación aclara expresamente que no atribuye responsabilidad penal de manera anticipada y que su objetivo es que las circunstancias puedan ser esclarecidas mediante las herramientas de investigación del Ministerio Público Fiscal.
La denuncia también incorpora como antecedente las investigaciones impulsadas durante 2026 por distintos viajes privados del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni.
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El escrito menciona particularmente un viaje familiar a Punta del Este en una aeronave privada, respecto del cual se promovieron actuaciones para determinar quién había financiado el traslado y si el aporte de un tercero podía tener relevancia penal.
Furundarena utilizó ese antecedente para sostener que debería aplicarse el mismo criterio ante situaciones similares, independientemente de la pertenencia política del funcionario involucrado.
“La procedencia de una investigación penal no puede depender de la pertenencia política de la persona involucrada, sino de la naturaleza objetiva de los hechos denunciados”, sostiene el escrito.
El planteo también fue retomado por Lemoine, quien buscó establecer un paralelismo entre los cuestionamientos realizados a funcionarios del Gobierno y el caso que ahora involucra a una dirigente del peronismo bonaerense.
RG/ML
