El Gobierno limitará el funcionamiento del área de transmisión eléctrica de donde podría haber venido la falla que produjo el apagón histórico del domingo 16 de junio. Así lo informó el secretario de Mercado Eléctrico, Juan Luchilo, quien precisó que la medida implica reducir la potencia máxima de electricidad transmitida por el “corredor Litoral”, desde donde —sospechan— ocurrió la falla que dejó sin servicio a unas 50 millones de personas por más de 12 horas. La operación de la transmisión está a cargo de la empresa Transener, propiedad de Pampa Energía en sociedad con el Estado, que ayer pidió disculpas por lo sucedido.
“Se lo va a limitar preventivamente y se va a bajar la potencia máxima transmitida en el Litoral para evitar cualquier evento similar, hasta tanto se tenga certeza de cuál fue el origen de la falla”, explicó este lunes al mediodía en un encuentro con periodistas.
La reducción de la potencia transmitida desde ese punto clave proveniente de la represa de Yacyretá hacia la central de Salto Grande será reemplazada por otros puntos de la red y se mantendrá por al menos 15 días, que es el plazo estimado para determinar las causas de la falla y las posibles medidas para corregir lo que haya sucedido.
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La falla original se habría dado por causas que se investigan en algún punto de la línea de extra alta tensión une Colonia Elía, en Entre Ríos, sobre el río Uruguay, con la ciudad de Campana, en Buenos Aires. La falla se extendió rápidamente a la central hidroeléctrica de Salto Grande, de la que Colonia Elía es una de sus cabeceras. Toda esa zona integra el “corredor Litoral”, que ahora será puesto en observación con un funcionamiento a menor potencia para evitar nuevos riesgos.
“El sistema de transmisión tiene establecido límites de transporte, y ahora se modifica ese límite transitoriamente a un valor menor y así se opera verificando que ese límite no se supere”, detalló Luchilo, que definió la decisión como “un lujo que nos podemos dar” porque hay más reserva de potencia producto de una mayor generación.
Luchilo reconoció que producto de este cambio la generación eléctrica en esa zona se volverá “marginalmente” más cara, ya que se reemplazará generación hidráulica que cuesta 20 dólares el megavatio por térmica que cuesta más de US$ 50, una diferencia que a nivel sistema no es relevante: son US$ 3 millones que se ahorraban por la importación de energía más barata desde Brasil sobre un costo total de US$ 9500 millones de generación por todo concepto a lo largo del año. Esto implicará tarifas más caras para grandes usuarios y más subsdios a fin de cuentas para hogares residenciales.
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Auditores. Luchilo explicó que se puso en marcha el Procedimiento Técnico 11, por el cual las empresas deberán presentar información ante Cammesa, la coordinadora del mercado eléctrico mayorista, que luego determinará qué sucedió, lo que será analizado por el ente regulador ENRE para establecer posibles sanciones. El Gobierno decidió además analizar todos los documentos que registran el orden cronológico de lo sucedido junto a Cammesa y a Transener, pero también convocará a auditores externos, que aún no están definidos.
“Queremos manifestar en nombre de nuestra empresa que lamentamos un evento extraordinario que sabemos el impacto que generó y más en un día como el Día del Padre”, detalló en tanto el gerente general de Transener, Carlos García Pereira, que reveló que hubo dos episodios de falla en el corredor Litoral de la red: uno, que tuvo “un cierre exitoso, con mecanismos de cierre normales”, según detalló, pero “otro en un tramo que no tuvo un cierre exitoso, ya que despejó toda la línea” y que derivó en la caída de todo el sistema.
Esta falla coincidió con la salida de funcionamiento estas semanas de dos torres que están siendo trasladadas desde el agua a tierra firma en la zona de Zárate-Brazo Largo. “Se tendió un bypass desde Salto Grande, en una decisión de riesgo, que si no se hubiera tomado seguramente esto no habría ocurrido”, señaló. El objetivo de hacerlo, dijo, era aprovechar la posibilidad de traer energía más barata de Brasil. “El sistema siempre opera con riesgos”, dijo Luchilo.
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