Cientos de argentinos con inversiones en paraísos fiscales que fueron expuestos por la difusión de los Panama Papers buscaron acogerse al blanqueo impulsado por el Gobierno para declarar cuentas bancarias, propiedades y otros bienes ante la AFIP. Sucedió durante 2016, tras la publicación de la filtración obtenida por el diario Süddeutsche Zeitung y por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Las gestiones surgen de los nuevos documentos obtenidos en la segunda entrega de los Panamá Papers.
Unos 125 clientes argentinos sinceraron bienes offshore por alrededor de US$ 104 millones (unos $ 3.100 millones al tipo de cambio actual). Los correos electrónicos de clientes argentinos del estudio panameño Mossack Fonseca se multiplicaron en el segundo semestre de 2016, cuando empresarios y otros particulares buscaron blanquear sociedades que tenían casas a su nombre en Punta del Este, departamentos en Miami o cuentas bancarias en Suiza, entre otros países.
En este relevamiento, los datos muestran que los argentinos que buscaron blanquear sus bienes habían formado unas 100 sociedades en distintos puntos del mundo: Panamá (el 51 % de los relevados), Islas Vírgenes Británicas (30 %) y en menor medida, Bahamas, Seychelles, Uruguay y Belice. Las inversiones detectadas por el equipo argentino de Panamá Papers, que integra PERFIL, demuestra además que esas sociedades eran las titulares de los inmuebles y de las cuentas bancarias. Otro tipo de activos en el que invertían era en acciones en otras compañías, también offshore, la mayoría de ellas ubicadas en Uruguay.
El valor de los bienes detectados a través de los archivos internos de Mossack Fonseca es incompleto y el número sería mayor, ya que sobre el total de 100 sociedades que admiten haber iniciado los trámites para ingresar al blanqueo sólo la mitad tienen bienes detallados con su correspondiente cotización.
Entre los clientes hay empresarios del sector agropecuario, farmacéutico y ganadero, algunos apellidos ilustres y muchos ciudadanos desconocidos para la opinión pública. Todos ellos tienen algo en común: aprovecharon la oportunidad para salir de la ilegalidad después de haber quedado expuestos por la filtración offshore. Sus identidades no se revelan debido a que la ley de blanqueo impone el secreto fiscal.
Sólo se conoce la identidad de uno de los clientes argentinos. El miércoles 20, esta segunda entrega de los Panamá Papers incluyó una historia sobre una offshore secreta de Gianfranco y Mariano Macri, hermanos del presidente Mauricio Macri. A través de esa compañía creada por el estudio panameño, Gianfranco blanqueó unos US$ 4 millones, según revelaron sus propios voceros para aclarar que la offshore BF Corporation había regularizado su situación.
Inversiones offshore. Muchas de las sociedades que los argentinos quisieron blanquear tenían una o más propiedades en Punta del Este. Los números parciales arrojan más de 20 inmuebles en el exclusivo balneario uruguayo.
La mitad de los clientes argentinos declaraba cuentas bancarias que, por lo general, había sido abierta a nombre de una offshore en bancos de Suiza o Uruguay. También habían abierto una cuenta en Panamá, otra en los Estados Unidos y una más en Emiratos Árabes, entre otros destinos que no fueron identificados en la documentación elaborada por los abogados de Mossack Fonseca.
Hubo casos de empresarios que blanquearon US$10 millones y US$ 15 millones, pero la gran mayoría se concentró en el rango de entre los US$ 500 mil y el millón de dólares.
Cambios. Los Panama Papers les crearon un problema a los clientes argentinos del estudio panameño cuando ICIJ hizo pública el 9 de mayo de 2016 una base de datos con parte de los 11 millones de documentos que aparecían en la megafiltración offshore. Allí se identificaban sociedades creadas por el estudio y las personas que aparecían relacionadas en los documentos.
A fines de mayo de 2016, el Gobierno anunció el blanqueo de capitales para residentes argentinos. Y desde ese momento, Mossack Fonseca empezó a recibir cientos de solicitudes.
Los argentinos, ya expuestos por la filtración, reaccionaron tratando de ponerse al día con el fisco. Todos tenían un intermediario uruguayo con Mossack Fonseca. En general, se trata de estudios contables con sede en Montevideo, que comenzaron a realizar los trámites en nombre de sus clientes en Argentina. El estudio uruguayo reclamaba la documentación necesaria al bufete panameño para presentar ante la AFIP. Ese comprobante decía que el accionista de las sociedades era un cliente argentino que necesitaba presentar ante el organismo una tasación del inmueble o el activo en la cuenta bancaria que quería blanquear.
Una de las restricciones impuesta para ingresar al sinceramiento fiscal era entregar documentación que reflejara los activos a blanquear hasta el 22 de julio de 2016, “la fecha de corte” para que los contribuyentes mostraran su patrimonio ante el organismo.
Muchos argentinos que decidían en octubre o noviembre de 2016 ingresar al blanqueo pidieron a Mossack Fonseca que por favor antedatara los documentos con fecha del 22 de julio de 2016 con el detalle de sus bienes para presentar ante la AFIP. En algunas oportunidades, el bufete panameño cobró un extra para confeccionar esa documentación.
Reproches para un estudio en la mira
Los nuevos documentos de Panamá Papers demuestran cómo Mossack Fonseca debió ocuparse de los problemas que la filtración generó a sus clientes. En el caso de los argentinos, uno de los frentes generados por la filtración fue que muchos se vieron obligados a adherir a la Ley de Sinceramiento Fiscal promovida por el gobierno de Mauricio Macri.
“Solicitamos que estos cambios de accionistas se realicen con fecha anterior al 22 de julio de 2016, ya que debido a la filtración de información que han tenido nos vemos obligados a entrar en un sinceramiento fiscal y es uno de los requisitos”, le reprocho a Mossack Fonseca un intermediario de empresarios argentinos en un mail enviado el 7 de noviembre de 2016. Fue uno de los tantos reclamos que debió afrontar el estudio tras la filtración de abril de 2016.
La información surge del análisis de cientos de documentos, realizados por el equipo argentino que trabajó en Panamá Papers y que está integrado por Emilia Delfino (PERFIL), Sandra Crucianelli (para PERFIL), Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación), Mariel Fitz Patrick (Infobae). Los valores de propiedades, cuentas y otros activos son parciales a junio de 2018.
