El presidente Mauricio Macri y el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, fueron imputados por el acuerdo entre el Gobierno y el Correo, por "supuesto perjuicio ocasionado al Estado". Los detalles de la presentación del fiscal Juan Pedro Zoni, en el que cita dos denuncias hechas en los últimos días por este tema.
Zoni, detalló en el escrito presentado hoy "a través del presente se imputa formalmente a Mauricio Macri –Presidente de la Nación-, Oscar Aguad –Ministro de Comunicaciones de la Nación- y Juan Manuel Mocoroa –Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones de la Nación-, sin perjuicio que con el avance de la investigación se individualicen a otras personas como partícipes de los hechos investigados".
En el texto, el funcionario judicial cita la denuncia interpuesta por Daniel Jaime Igolnikov "donde el nombrado pusiera de manifiesto que se habrían cometido conductas delictivas en torno al concurso preventivo de la empresa Correo Argentino S.A., en relación a la deuda que la misma tiene con el Estado Nacional".
Al día siguiente de la denuncia que diera inicio a los presentes prestó declaración testimonial en estos actuados Igolnikov, circunstancia en la cual ratificara sus dichos. En esa oportunidad, agregó: “Los hechos tratan de un hecho público y notorio que involucra intereses de unas de las empresas del Grupo Macri y que es el ingeniero Mauricio Macri, el presidente en el ejercicio, quien está vinculado a ese grupo económico".
En ese contexto, Zoni toma otra denuncia sobre el caso, realizada por los exfuncionarios kirchneristas Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti, quienes se manifestaron de forma similar a la de Igolnikov.
"En la propuesta que aceptó el gobierno macrista, el 50 por ciento de la deuda de la familia Macri con el Estado se pagará en el 2032 y 2033. De ahora a 15 años y 32 años más tarde del momento en que empezó el juicio. Y todo esto, con una quita de 70.163 millones de pesos, que surgen de tomar el plazo y la tasa de interés aceptada por el Estado en lugar de lo que correspondería, que es la tasa de interés activa del Banco Nación. O sea, pagarían tres décadas más tarde el 1,18 por ciento de la deuda que debería cobrar el Estado", indican los miembros del Nuevo Encuentro.
Ante este escenario, "en función de lo reseñado, se ha de impulsar la acción penal con el objeto de iniciar una investigación criminal tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal tramitado en el expediente N°94360/01 caratulado “Correo Argentino s/ Concurso preventivo”, cuya duración ya superó los quince años y en el cual se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios", explica Zoni.
"En la presente investigación se deberá verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores –funcionarios públicos o particulares- que intervinieron –de forma directa o indirecta- a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido de forma adecuada", concluye el fiscal.
