El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, dio un duro revés a la estrategia legal del Gobierno al ordenar el cumplimiento inmediato de la actualización de partidas para salarios docentes y becas estudiantiles. El magistrado hizo lugar a una medida cautelar y declaró inaplicable el Decreto 759/2025, instrumento que el Poder Ejecutivo había utilizado para suspender la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), argumentando que la decisión presidencial presenta, en principio, rasgos de "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta".
La resolución se dio en el marco de un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y “bancado” por el constitucionalista Pablo Manili. El reclamo central cuestionaba la validez de la maniobra del Ejecutivo, que intentó bloquear una ley que ya había sido ratificada por ambas cámaras del Congreso tras el veto presidencial. El juez consideró que existía una "inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico", validando la posición de las universidades frente a la reticencia del Estado Nacional a girar los fondos.
En su fallo, Cormick destacó el carácter excepcional de la medida Sin embargo, justificó su decisión: explicó que el Gobierno intentó fundar la suspensión de la ley en una norma de rango inferior (el artículo 5° de la ley 24.629 de administración financiera) para contradecir un mandato constitucional.
El magistrado fue contundente al señalar que el deterioro de los ingresos de docentes y estudiantes configura un "peligro en la demora" que justifica la urgencia. Cormick subrayó que la pérdida del poder adquisitivo "continúa hoy día, conculcando derechos laborales protegidos por Tratados Internacionales", y advirtió que esta situación no solo afecta el bolsillo de los trabajadores, sino que pone en riesgo el derecho a enseñar y aprender, impactando directamente en el resultado de la labor educativa.
Para desestimar el argumento fiscal del Gobierno, el fallo ponderó el "interés público" y señaló que la concesión de la medida implica un impacto presupuestario "poco significativo". El juez citó estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso que ubican el costo de la norma en apenas un 0,23% del PBI, una cifra que, a su criterio, no justifica el daño grave que implica desfinanciar el sistema universitario ni la suspensión de una ley votada por amplia mayoría legislativa.
Finalmente, el juez sentenció que la conducta del Poder Ejecutivo "parece, al menos en este estado larval del proceso, reñida con el principio de división de poderes". Por eso, ordenó al Estado Nacional acatar de forma inmediata los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento, reactivando las actualizaciones salariales y las becas. La cautelar regirá hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.
La pelea por quién tiene la última palabra
El fallo se mete de lleno en la disputa entre el Presidente y el Congreso. El juez fue claro: si los legisladores ya ratificaron la ley con los dos tercios de los votos necesarios, a Javier Milei no le queda otra que cumplirla. El magistrado razonó que el Ejecutivo no puede inventar decretos ni poner excusas burocráticas para frenar una norma que ya completó todo el circuito legal. Una vez que el Congreso insiste, es ley y punto.
La Justicia desarmó así la estrategia del Gobierno, que argumentaba que no podía pagar porque la ley no aclaraba de dónde salía la plata. Para el juez, esos son tecnicismos que no pueden estar por encima de la Constitución. En resumidas cuentas, dijo que la voluntad de la mayoría del Congreso vale más que las trabas administrativas que intente poner la Casa Rosada para ganar tiempo.
Además, el magistrado aclaró que pagar estos aumentos ahora no va a "romper" al Estado ni es algo irreversible, porque las cuentas siempre se pueden acomodar, sobre todo con el Presupuesto 2026 en discusión. Lo que sí sería irreversible y dañino, explicó, es seguir desfinanciando a las universidades.
TC
