La Universidad de Buenos Aires (UBA) denunció que sus hospitales universitarios recibirán en 2026 un 30% menos de fondos que en 2025, según el dictamen de mayoría del Presupuesto Nacional impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La advertencia fue formalizada a través de una resolución del Consejo Superior, que también expresó su extrema preocupación por la propuesta de derogar la Ley de Financiamiento Universitario y por la persistente pérdida salarial de docentes, no docentes y científicos.
El recorte impacta de lleno en instituciones clave del sistema público de salud como el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, que en conjunto atienden históricamente a más de 700 mil pacientes por año, muchos de ellos sin cobertura social y provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
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Según detalló el Consejo Superior, el aumento nominal previsto para gastos de funcionamiento resulta insuficiente frente a la inflación proyectada, mientras que la continuidad del deterioro salarial profundiza el “ahogo presupuestario” y pone en riesgo tanto la calidad educativa como el sostenimiento de servicios esenciales, especialmente en el área de la salud.
El impacto numérico del recorte
En diálogo con PERFIL, el secretario de Hacienda de la UBA, Matías Ruiz, explicó que el dictamen de mayoría fija para todo el sistema de hospitales universitarios una partida inferior a los 80 mil millones de pesos, una cifra que resulta incluso menor, en términos nominales, a lo que recibió solo la UBA durante este año.
“No solo no hay una actualización, sino que hay una merma en términos reales. Lo que prevé el proyecto para el año próximo es un 30% menos de lo que la Universidad recibió este año”, advirtió Ruiz a este medio.
El funcionario detalló que, en 2025, la UBA contó con una partida cercana a los 80 mil millones de pesos para el funcionamiento de sus hospitales. Con una inflación estimada en torno al 30%, el presupuesto mínimo necesario para sostener los servicios debería ubicarse entre 115 y 120 mil millones de pesos, una actualización que no aparece contemplada en ningún tramo del dictamen que se discute en Diputados.
Riesgo en la atención sanitaria
Ruiz subrayó que el recorte tendrá un impacto directo en la atención de pacientes, particularmente en el Hospital de Clínicas, el más grande del sistema y el que concentra mayor demanda.
“Es el que se lleva la peor parte en términos de presupuestos no actualizados. Atiende a muchísima gente de la Ciudad y del conurbano sin cobertura social. Sin recursos, se afecta la atención, las internaciones y las intervenciones quirúrgicas, que son las que mayor impacto presupuestario tienen”, señaló a PERFIL.
Desde la UBA remarcaron que, en el marco del tratamiento legislativo del Presupuesto, esperaban la aprobación de partidas acordes a las necesidades mínimas y esenciales para el funcionamiento de los hospitales universitarios, algo que —advirtieron— no ocurrió.
La resolución del Consejo Superior también volvió a poner el foco en la situación salarial. Según el documento, docentes y no docentes perdieron más del 45% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, tras dos años consecutivos de deterioro.
“El valor adquisitivo del salario hoy es prácticamente la mitad de lo que era hace dos años”, sostuvo Ruiz.
A este escenario se suma un nuevo elemento de tensión política: a diferencia del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo en septiembre, el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados incorpora un artículo que propone la derogación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario (Ley 27.795).
El Consejo Superior rechazó de plano esa iniciativa y advirtió que su eliminación “agravaría aún más” la situación crítica que atraviesan las universidades nacionales.
Un pedido al Congreso
Ante este panorama, la UBA solicitó formalmente a la Cámara de Diputados y al Senado el rechazo o la modificación del dictamen de mayoría, y reclamó la aprobación de una propuesta que contemple las necesidades reales del sistema universitario y garantice la plena implementación de la ley de financiamiento, que fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial con más de dos tercios de los votos.
“Veo muchísima incertidumbre en la comunidad universitaria. Hay mucha angustia, también entre los estudiantes, que ven con preocupación lo que pasa con sus universidades y sus carreras”, resumió Ruiz.
El funcionario recordó que en 2024 los trabajadores universitarios perdieron más de un tercio de su salario y que, solo en el último año, los sueldos "quedaron 12 o 13 puntos por debajo de la inflación".
“Cada una de estas noticias nos deja en una situación más difícil”, concluyó.
Mientras el Presupuesto 2026 avanza en el Congreso, la advertencia de la UBA expone un conflicto de fondo: el financiamiento de la universidad pública, su sistema de salud y el rol estratégico que cumplen en un contexto de creciente demanda social y restricciones fiscales.
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