La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, firmó este martes el dictamen de mayoría del proyecto de Ley de Presupuesto 2026, con el objetivo de avanzar hacia la media sanción en la sesión especial convocada para mañana. El oficialismo logró reunir las voluntades necesarias tras una jornada de negociaciones con bloques aliados y con una corrección de último momento en el texto enviado por el Poder Ejecutivo.
El despacho mayoritario cosechó 28 firmas —seis de ellas en disidencia parcial— provenientes de los diputados de La Libertad Avanza y de sus socios parlamentarios del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo. En paralelo, los 18 legisladores de Unión por la Patria presentaron un dictamen de minoría, mientras que el interbloque Unidos impulsó un tercer despacho con tres rúbricas.
La principal novedad surgió sobre el cierre del debate: el Gobierno introdujo cambios en su propio proyecto y dejó sin efecto la derogación de las leyes de presupuesto universitario y de financiamiento pediátrico. Ambas normas habían sido aprobadas e insistidas por el Congreso con mayorías superiores a los dos tercios, luego de haber sido vetadas por el presidente Javier Milei, y se habían convertido en uno de los puntos más sensibles de la discusión legislativa.
Desde el oficialismo, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, celebró el avance del dictamen y defendió el enfoque del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. “Nos da la posibilidad de saber en qué va a gastar el Estado y cómo lo va a gastar”, sostuvo el diputado cordobés, al reivindicar el equilibrio fiscal como "eje ordenador" de la iniciativa.
Bornoroni vinculó el esquema propuesto con un cambio estructural en la administración pública y aseguró que la ley permitirá previsibilidad económica. “Este Presupuesto ordena la vida de todos los argentinos, de los empresarios, de las pymes y de los trabajadores”, expresó, y remarcó que, por primera vez en años, el Estado se propone gastar únicamente lo que ingresa.
Del otro lado del recinto, la oposición cuestionó con dureza tanto el contenido del proyecto como el procedimiento legislativo. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, confirmó la presentación de dictámenes propios no solo para la ley de gastos, sino también para las iniciativas de Inocencia Fiscal y de Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
Según explicó, la propuesta del peronismo reincorpora el financiamiento universitario en los términos aprobados por el Congreso y luego vetados por el presidente Javier Milei, decisión que había sido revertida por ambas cámaras con mayorías superiores a los dos tercios.
El dictamen opositor también contempla los fondos correspondientes a las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Pediátrico —incluido el Hospital Garrahan—, ambas vetadas por el Ejecutivo y posteriormente ratificadas por el Parlamento. En ese marco, Martínez advirtió sobre el artículo 30 del proyecto oficial, que plantea la derogación del artículo 9 de la ley de financiamiento educativo. “Queremos posicionarnos claramente en contra de esa derogación, que elimina el compromiso de destinar el 6% del PBI a la educación”, señaló.
En relación con las universidades nacionales, el legislador santafesino precisó que el proyecto de Unión por la Patria prevé una asignación de 7,3 billones de pesos para 2026, frente a los 4,8 billones anunciados por el Gobierno. Además, incluye un esquema de becas con actualización de Progresar, el respeto de las paritarias docentes y no docentes, y la garantía de fondos para educación ambiental y escuelas técnicas.
La iniciativa opositora también plantea sostener el crecimiento gradual de la inversión en Ciencia y Tecnología votado en 2021, garantizar recursos para el INVAP y la industria aeroespacial, mantener el Fondo Nacional para la Defensa, preservar el régimen de zona fría para el consumo de gas y extender la promoción de energías renovables. En materia social, propone la actualización de asignaciones familiares, la recomposición de haberes jubilatorios y la actualización del bono previsional, además de la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Otro de los ejes del planteo de Unión por la Patria apunta al federalismo fiscal. Martínez reclamó que las provincias recuperen una mayor porción del impuesto a los combustibles líquidos y cuestionó la distribución discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). “Hay que terminar con este escándalo. Los ATN no pueden ser una herramienta para premiar o castigar provincias según los votos que garanticen”, advirtió. El dictamen también incluye la reposición del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires.
Las críticas se amplificaron en redes sociales. La diputada Cecilia Moreau sostuvo que quienes acompañaron el dictamen oficial “validaron la eliminación de leyes de enorme sensibilidad”, como las de Discapacidad y Financiamiento Universitario, y calificó ese respaldo como una “traición a las mayorías sociales” que impulsaron esas normas.
En paralelo, el diputado Itai Hagman alertó que el nuevo texto enviado por el Gobierno insiste en derogar leyes que ya habían sido sancionadas por insistencia del Congreso, y denunció que el ajuste presupuestario avanza sobre derechos previamente garantizados.
Las objeciones también alcanzaron a la ley de Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, conocida como “regla fiscal”. Desde la oposición advirtieron que el proyecto concentra poder en el Ejecutivo, limita el debate parlamentario y habilita facultades extraordinarias para modificar el presupuesto aprobado por el Congreso. Legisladores como Maximiliano Ferraro cuestionaron que, bajo el argumento del equilibrio fiscal, se pretenda “vaciar al Congreso” y avanzar con disposiciones que, a su entender, colisionan con la Constitución.
Con el dictamen ya firmado y un escenario de fuerte confrontación, el debate se trasladará ahora al recinto. La sesión prevista para este miércoles no solo pondrá en juego la aprobación del plan de gastos, sino también una disputa más profunda sobre el rol del Congreso, el alcance del ajuste y los límites institucionales de la política fiscal en la Argentina.
GD
