A medida que se conocen más datos del escándalo por el supuesto pago de coimas por la venta de productos desde la Argentina hacia Venezuela, la preocupación en ámbitos del Gobierno va en aumento. Es que esta operación, que está a la espera de un arrepentido que aporte su testimonio en la causa judicial, desnuda el esquema de corrupción sospechado en el gobierno del kirchnerismo.
Es un esquema que se centra, esencialmente, en el Ministerio de Planificación, ventanilla única por la que debían y deben pasar este y otros negocios. Sobre esto alguna vez alertó, en las postrimerías de su gestión como ministro de Economía, Roberto Lavagna. No es casualidad, entonces, que los tres episodios denunciados de corrupción más resonantes que afectan al Gobierno pasen por ahí. Los otros dos, hay que recordar, son Skanska y la valija conteniendo casi 800 mil dólares de Guido Alejandro Antonini Wilson.
En el sector de las empresas que fabrican maquinaria agrícola hay un verdadero revuelo. Están las que aceptaron firmar los acuerdos –una 39– para las que el negocio ha entrado en crisis. “No le habremos de vender una sola cosechadora más a Venezuela”, afirma el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), José María Alustiza.
Del otro lado están aquellas firmas que no aceptaron las presiones que recibieron desde el Ministerio de Planificación y que expresan un miedo monumental a contar lo que vivieron. Estos empresarios se indignan al escuchar a Julio De Vido desmentir esto y decir que “fue una opción de los empresarios contratar a Palmat”. “Nos llamaban directamente del Ministerio para pedir el 15%”, insisten.
