Los movimientos sociales definen su estrategia en un momento político delicado. Hay opiniones dispares entre los sectores más radicales que quieren multiplicar las protestas en las calles, y los más organizados que quieren priorizar la posibilidad de ganar, en este contexto, más espacios institucionales a partir de garantizar una transición tranquila. Una de las metas de este sector es ser incorporados a la mesa del Consejo del Salario que se reunirá esta semana.
Los cayetanos, que reúnen a la CTEP, Barrios de Pie-Somos y la CCC, definirán esta semana en plenarios provinciales una marcha de reclamo para el próximo 28 de agosto. Así, se suman a otros sectores que ya lanzaron protestas esta semana liderados por el Polo Obrero. Sin embargo, estos dos sectores coinciden solo en ese punto y difieren su posición respecto de cómo intervenir en la crisis desencadenada después de las PASO.
Los cayetanos están fuertemente alineados con el Frente de Todos y sumarán legisladores si se repite el resultado de las primarias. Tanto el Evita, como el sector liderado por Juan Grabois y la nueva agrupación Somos lograron lugares en las listas legislativas. También definirán su estrategia en función del interés de no interferir en una campaña que se perfila como ganadora. En una reunión realizada esta semana, también se remarcó la necesidad de no contribuir a agravar la crisis que definirá el contexto socioeconómico con el que asumirá un nuevo gobierno este año.
Por esta razón evitarán manifestaciones que puedan derivar en incidentes, pero harán oír sus reclamos, como un pedido urgente para este gobierno y como una sugerencia amigable al que esperan que surja de las elecciones de octubre. Por otro lado, en estos días quieren que la transición sea una oportunidad de garantizar espacios institucionales, como ocurrió con el último traspaso de gobierno.
En esta oportunidad, buscan que un representante de la “economía popular” sea admitido en el Consejo del Salario que se reunirá esta semana. El pedido ya fue elevado al Gobierno y al titular de la CGT, Héctor Daer. Además, impulsarán, a tono con la central de trabajadores, un pedido para que el salario básico sea elevado a 31 mil pesos. El interés por intervenir está basado en una concesión obtenida, justamente, durante la última transición.
A caballo entre la gestión saliente del ministro Carlos Tomada y su sucesor, Jorge Triaca, los cayetanos lograron que se reconozca una “inscripción gremial” a las organizaciones de la “economía popular” y se creó la figura del “salario social complementario”. Este aporte del Estado, para reforzar el ingreso de los sectores populares, fue definido luego en la Ley de Emergencia Social, como la mitad del salario mínimo. Por eso reclaman estar representados en el Consejo del Salario este año.
También comenzaron a reclamar que, este año, se renueve la ley mencionada, porque vencería en diciembre. De esta manera, ya comienzan a mostrar su intención de definir la agenda del nuevo gobierno.
