Santiago Andrés Maldonado nació hace 27 años en Veinticinco de Mayo, provincia de Buenos Aires, pero vivía en El Bolsón, cerca de Bariloche, en Río Negro. Era artesano y militante en apoyo de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), un grupo que busca formar una nación aborígen en la Patagonia. Fue visto por última vez cuando era subido por la fuerza a una camioneta de Gendarmería Nacional en Cushamen, un departamento del norte de Chubut, cercano a Río Negro, el 1 de agosto pasado. Los verbos de este párrafo se conjugan en pretérito porque lleva 28 días desaparecido. Con cada jornada que pasa, es menos probable que aparezca con vida. O de que aparezca, a secas.
El caso ocupa el centro de las noticias locales e internacionales, inunda las redes sociales, se mete en las canchas. Y se politiza, porque es político. Es esperable que el sector que acusa al actual gobierno nacional de todos los males lo responsabilice también por este. Si se cree que "Macri, basura, vos sos la dictadura", como se canta en algunas movilizaciones, es lógico pensar que esta es una desaparición más. Una supuesta prueba piloto de un nuevo proceso de reorganización nacional, ordenada por el presidente como el fallo del "2x1" o el cuestionamiento a las cifra de desaparecidos. Hay que aclarar, para esa parte del público: Macri no es la dictadura, ni el gobierno de Cambiemos ordena desaparecer personas.
El gobierno nacional, como representante circunstancial del Estado, es responsable político de sus Fuerzas Armadas. Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, estaba en Esquel durante la represión. "Los del RAM van a quedar todos presos", amenazaba el funcionario en diálogo con Radio Nacional de Esquel el 2 de agosto. "El operativo se armó en base a orientaciones y órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad", contó Diego Conrado Héctor Balari, comandante mayor de Gendarmería, al canal 4 de Esquel el mismo día. "Noceti pasó por el lugar una vez que ya se estaban haciendo las actuaciones, se bajó del auto, saludó a la Gendarmería y siguió. No participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa. Es un principio que tiene el Ministerio de Seguridad: nosotros dirigimos la estrategia, no damos órdenes operativas sobre el terreno", explicó la ministra Patricia Bullrich cuando fue al Congreso a dar explicaciones sobre el caso, el 16 de agosto. Una de esas tres declaraciones no es como las demás. ¿Ordenó el Ministerio la captura de Maldonado? Difícil saberlo si ni siquiera se admite que Maldonado haya sido detenido: Bullrich aseguró que, de acuerdo a los informes de Gendarmería, el día de la represión "no se procede a ninguna detención".
La otra pata del Estado, el Poder Judicial, no es de gran ayuda para resolver el caso. Guido Otranto, a cargo del juzgado federal de Esquel, es el magistrado que ordenó a Gendarmería desalojar la Ruta Nacional 40, y al mismo tiempo debe investigar el accionar de esa fuerza bajo su misma orden. No hay que ser abogado para notar, como mínimo, un problema. Verónica Heredia, abogada de la familia de Maldonado, denunció el "temor de parcialidad por parte de las víctimas en el accionar del juez". Pero no lo recusó "para que no se demore la investigación". No fue muy útil: el juez tardó 15 días en visitar la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen para dirigir pericias y rastrillajes. Otranto tiene motivos para hacer buena letra: según reveló el diario Río Negro, el magistrado se anotó para cubrir una vacante en el Tribunal Oral Federal de General Roca.
¿En qué casos debe el Gobierno responder por la ubicación de una persona?, preguntaba el funcionario Yamil Santoro en este portal el sábado pasado. A priori, siempre que una persona haya sido detenida por las fuerzas de seguridad del Estado. Ese es uno de los puntos clave que diferencian a Santiago de algunas de las otras 5.000 personas desaparecidas que le preocupan a Patricia Bullrich. Dos testigos de la comunidad Pu Lof aseguraron ante la Fiscalía de Trelew que a Maldonado lo subieron a una camioneta de Gendarmería. Se intenta desacreditar a esos testigos por permanecer bajo identidad reservada. Ellos tienen la suerte de mantenerse en ese estado: cuando fue al Congreso, la ministra de Seguridad reveló el nombre de Ariel Garzi, amigo del desaparecido bajo el regimen de testigo protegido por orden del juez Otranto. Garzi dijo haber llamado a Santiago 24 horas después de la represión: aseguró que alguien atendió la llamada, que duró 22 segundos.
Si la causa se caratula como "desaparición forzada de persona", si se acusa a una fuerza estatal, si los funcionarios a cargo de la Seguridad desvían la atención del accionar de esa misma fuerza, si el juez que investiga no investiga (y acaso deba ser investigado), si surgen pistas falsas y campañas de difamación, entonces Santiago Maldonado es un desaparecido. Si no les gusta, si les parece demasiado fuerte, entonces digan que es una fina abducción involuntaria con paradero indeterminado sobre colchón de negacionismo estatal. Pero seguirá siendo un desaparecido, al menos hasta que se compruebe alguna de las versiones inverosímiles que promueven quienes quieren embarrar la cancha: que está en Chile, o en un camión en Entre Ríos, o escondido hasta las elecciones, o lo mató un mapuche. No hace falta que haya un plan sistemático para que Maldonado sea un desaparecido, como plantearon algunos periodistas. La desaparición forzada ocurre si existe "la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma" (artículo 142 ter. del Código Penal). Macri no es la dictadura, pero es el jefe de Estado cuando el Estado está acusado de desaparecer a una persona. No es Videla, pero debe responder por un desaparecido. El comportamiento de sus funcionarios hasta ahora fue pésimo en el mejor de los casos. En el peor de los casos, ese mismo accionar colaboró al encubrimiento de un delito de lesa humanidad.
Mencion especial para el rol de los medios: "Había un solo 678. Ahora hay media docena", resumió Reynaldo Sietecase en Twitter hace unos días. Desde que el caso Maldonado cobró relevancia, los principales programas de periodismo independiente cubrieron el tema de forma poco satisfactoria. Muchos periodistas se dejaron llevar por versiones irreverentes para abordar un tema que tal vez requería más seriedad. Otros se limitaron a repetir las hipótesis oficiales, y algunos se parecieron más a los trolls que surgían para embarrar cada discusión en las redes sociales. Muchos minutos de aire y espacios en papel se dedicaron a denostar a la RAM o a los mapuches en general, como si las particularidades de sus reclamos (muchas veces violentos) justificara la represión por cualquier medio. La mayoría de los medios ni siquiera habrían mencionado la desaparición si el tema no se hubiese instalado como una demanda permanente en Twitter y Facebook. Cuando cerró el Buenos Aires Herald, justo un día antes de la desaparición de Santiago, las necrológicas recordaron que fue uno de los pocos diarios que denunció las atrocidades de la última dictadura cívico-militar. Acaso en unos años haya que hacer memoria con los medios que cubrieron con seriedad el caso Maldonado.
