La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura dispuso que se entreguen todas las declaraciones juradas de los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, quienes dispusieron la excarcelación y el cambio de carátula de la acusación sobre el empresario Cristóbal López.
La investigación comenzó por una denuncia de la diputada oficialista Elisa Carrió. La líder de la Coalición Cívica pidió al Consejo de la Magistratura que investigue los bienes del juez Ballestero, al considerar que el dictamen del viernes pudo haber estado "influido" por "intereses económicos".
"Solicito que se realicen las investigaciones necesarias a fin de establecer la posibilidad de que ese decisorio voto pudiera haber estado influido por razones que podrían estar vinculadas con intereses económicos del magistrado", señaló la diputada, quien hizo referencia "la compra de un dúplex" en la avenida Figueroa Alcorta que se habría comprado -sostuvo- con un "crédito simulado".
La líder de la Coalición Cívica también pidió al Consejo de la Magistratura que se investiguen posibles lazos entre el Casino de Puerto Madero (propiedad de Cristóbal López) y familiares del juez Farah. "Pido que se dispongan las medidas necesarias a fin de determinar si familiares de ex directivos de Puerto Madero cumplen funciones para el juez Eduardo Farah y/u otro juez de la Sala I de la Cámara Federal", indicó.
