La ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray faltó esta mañana otra vez a la audiencia decisiva del juicio por presunta corrupción en la cual debía declarar como imputada ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6).
Los tres jueces del Tribunal Oral Federal 6 (TOF), que enjuician a María Julia Alsogaray por supuesta corrupción, se trasladaron esta mañana al departamento en el barrio porteño de Recoleta de la ex funcionaria para verificar si es cierto que está enferma y no puede concurrir a la audiencia, pero nadie los atendió.
Así lo informaron fuentes judiciales y precisaron que los magistrados José Martínez Sobrino, Patricia Mallo y Eduardo Fernández se encontraban en el edificio ubicado en la calle Junín 1471, aunque nadie les allanaba el acceso.
Esta mañana, Alsogaray faltó otra vez a la audiencia decisiva del juicio por presunta corrupción en la cual debía declarar como imputada ante el TOF6 y justificó su ausencia con la presentación de un certificado médico, pese a que el viernes pasado un perito forense la revisó en el sanatorio Otamendi y dictaminó que podía seguir asistiendo al proceso.
Alsogaray, de 70 años, se había descompensado durante la audiencia del jueves tras lo cual fue asistida en la clínica porteña de un broncoespasmo, donde quedó internada para realizarle exámenes complementarios.
Los jueces José Martínez Sobrino, Patricia Mallo y Eduardo Fernández analizaron la posibilidad de tomarle declaración en el Otamendi pero el lugar no presentaba las condiciones adecuadas, por lo que habían previsto retomar hoy la audiencia mañana.
Alsogaray había adelantado al comienzo del proceso que iba a prestar declaración indagatoria cuando finalizaran los testigos y el turno era, primero, el viernes pasado, y si no esta mañana.
Luego de que declare será el turno de los alegatos del fiscal Mauricio Viera, de la querella de la Oficina Anticorrupción, y de Pamela Biserier, defensora oficial de Alsogaray.
La secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente de 1991 a 1999 es juzgada por negociaciones incompatibles con la función pública, delito para el que se prevé pena de uno a seis años de prisión, por supuestas irregularidades en la contratación directa, en diciembre de 1996, de una empresa de comunicación para promocionar el "Plan de Manejo del Fuego".
Además, en 2005, había sido condenada en otra causa a tres años de prisión por enriquecimiento ilícito y tuvo que devolver al Estado importantes sumas de dinero.
Por eso, el juicio que se lleva adelante ahora en los tribunales de Comodoro Py 2002 es de gran relevancia porque, al contar con una condena previa, si llegara a ser nuevamente penada podría ir a prisión, explicaron fuentes judiciales.