Las denuncias públicas por supuesta venta de candidaturas en La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, llegaron a la Justicia. El fiscal federal con competencia electoral Ramiro González decidió convocar de oficio a testigos para una investigación preliminar para averiguar si existe una violación al Código Nacional Electoral o la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Con la movida, puso sobre la mesa las reglas de juego a la hora de canalizar los millonarios fondos que circulan en un espacio cada vez que hay elecciones.
En Argentina, los procesos electorales están regidos por el Código Nacional Electoral, que entre otras cuestiones pena los actos de campaña y las emisiones de publicidad fuera de término. Pero, por fuera, la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos es la que establece un "modelo mixto" mediante el cual los partidos que se presentan a elecciones pueden recibir fondos: en términos simples, reciben dinero de parte del Estado y de empresas o personas privadas.
La Ley permite el financiamiento estatal para el desenvolvimiento institucional de los partidos, las capacitaciones y las campañas electorales. El dinero proviene del Fondo Partidario Permanente, que maneja el Ministerio del Interior: un 20% se reparte de manera igualitaria entre todos los partidos reconocidos como tales mientras que el 80% restante se gira en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido haya obtenido en la última elección de diputados nacionales. En este caso, solo participan de la repartición los que hayan sacado votos equivalentes al menos el 1% del Padrón.
La Justicia federal ya investiga a Javier Milei por la supuesta venta de candidaturas
En cuanto al financiamiento privado, la normativa establece que podrán recibir aportes de sus afiliados, donaciones de no afiliados y personas jurídicas; de rendimientos del patrimonio (inversiones) y actividades promocionales y de herencias o legados que reciban. Sin embargo, la lista es mucho más amplia en términos restrictivos.
Pautas para el financiamiento privado
En ese marco, la ley dice que no se pueden aceptar contribuciones o donaciones anónimas; de entidades centralizadas o descentralizadas del Estado; de empresas concesionarias o contratistas del Estado; de personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar; de entidades gubernamentales; de personas humanas o jurídicas sin domicilio o residencia en el país; de asociaciones sindicales o profesionales, e imputados en causas judiciales.
¿Está explícitamente prohibido que un partido y sus autoridades reciban dinero a cambio de una candidatura? La respuesta es que no.
Ningún artículo plantea la cuestión en esos términos, aunque un punto prohibitivo establece que no pueden recibir aportes o contribuciones de personas obligadas a hacerlo por parte de superiores jerárquicos o empleadores. Ese sería uno de los puntos que el fiscal González debe determinar si se prueba en las denuncias contra Milei y La Libertad Avanza.
Una imputación, ¿difícil de probar?
Para Alejandro Tullio, abogado, coordinador de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, la venta de candidaturas no está prohibida "porque a nadie se le ocurre qué pueda pasar, ya que la actividad política está protegida por la Constitución Nacional y se supone que quienes aspiran a un cargo lo hacen por una militancia".
Sin embargo, ante una consulta de PERFIL sostuvo que lo que se debe comprobar judicialmente es si existió un ingreso de dinero al partido por fuera de las condiciones de la ley, principalmente por fuera de los medios registrables como las transferencias bancarias. "Si no hay registro por vías legales y alguien puede probar que entró dinero independientemente si es para una candidatura o lo que sea, estamos ante una infracción electoral, hay que ver además el origen de esos fondos", dijo.
"De comprobarse que hubiera una relación comercial e ilegal por los medios (en los que se efectuó un pago), habría una actitud fraudulenta", sostuvo Tullio. Sin embargo, advirtió que se trata de un hecho de difícil comprobación "porque efectivamente la venta de candidaturas no es delito, pero los delitos asociados a esa transacción sí tienen consecuencias".
Para Iván Seira, politólogo y magíster en Análisis, Derecho y Gestión Electoral, "el tema de la venta de candidaturas es una cuestión más vinculada a la vida o las reglas internas de cada organización". Desde esa base, sostuvo que "el argumento en contra detrás de la venta de candidaturas es que se trata de un método que atenta contra la libertad del ciudadano de elegir de forma legítima".
Según él, la situación de las denuncias contra Milei representan una situación novedosa que podría traducirse a nivel judicial. "Si la Justicia avanza va a sentar jurisprudencia porque no hay ningún fallo a nivel local e internacional sobre venta de candidaturas", manifestó ante una consulta de este medio.
En su interpretación, la venta de candidaturas no está incluida en los puntos prohibitivos de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos porque "no se trataría de aportes de campaña sino de una transacción". Y volvió a destacar un punto novedoso de la situación: "Uno tiende a pensar que en las organizaciones partidarias hay una disputa de poder en cuanto a quién es o no el candidato, y no el uso de un recurso para obtener retornos económicos".
La afirmación es cierta. Si bien la venta de candidaturas es un elemento novedoso que se introduce en la antesala del inicio formal de la campaña rumbo a las PASO del 13 de agosto, no es la primera vez que en Argentina se pone la lupa sobre situaciones que entran en conflicto con las leyes que rigen la práctica electoral.
En los últimos años, se han conocido casos de integrantes de cuerpos legislativos que son denunciados por secretarios que dicen estar obligados a aportar un porcentaje importante de su sueldo a cambio de seguir trabajando. En La Pampa, por ejemplo, una concejala municipal llamada Natalia Sueldo fue denunciada en 2020 por una empleada que mostró audios en los que le exigía la entrega de la mitad del salario que le pagaba la Municipalidad de Santa Rosa.
A nivel nacional, la campaña del 2017 quedó en jaque para Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, cuando una investigación del periodista Juan Amorín desenmascaró, un año después, un entramado de aportantes truchos al armado oficialista durante el gobierno de María Eugenia Vidal. En concreto, se detectaron 205 personas de bajos ingresos y que recibían programas sociales que figuraban como donantes de fondos. El caso se judicializó y en abril pasado la Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó una resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla que desaprobaba los informes finales de recursos y gastos de la campaña.
Las rendiciones de 2021 en CABA: cuánta plata recibió Milei
La herramienta de los informes financieros de los partidos es clave en un contexto en el cual la ley permite aportes solo por medios registrables, como se mencionó antes. Eso da la garantía a todos los habitantes a acceder a la información respecto de cuántos fondos ingresan a un partido, de donde provienen y para qué se utilizan.
Por ejemplo, para las Legislativas del 2021 en la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a las planillas disponibles en la CNE, La Libertad Avanza, que llevó a Milei como candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires junto a Victoria Villarruel, recibió aportes por $12.320.803,14. De ese total, solo $1,1 millón provino de un único aporte privado a nombre de Sebastián Braun.
El Frente de Todos, por su parte, recibió durante esa campaña $15.265.537,66, provenientes únicamente del aporte público para la campaña y la impresión de boletas, sin aportes privados, de acuerdo a la planilla pública. Juntos por el Cambio, en tanto, recibió $11.144.233,23 de aporte público más $ 38.508.580,66 de aportes privados de múltiples aportantes.
En todos los casos, excepto el de La Libertad Avanza, que solo compitió en territorio porteño, los números son mucho mayores en las declaraciones de aportes en provincia de Buenos Aires y otros distritos.
Para conocer esa información es clave el registro de los pagos vía transferencia o cheques, como dice la ley. A partir de ahí radica la dificultad de verificar si efectivamente hubo ingresos de dinero por canales ilegales a La Libertad Avanza, sea o no a cambio de candidaturas. "Son todos movimientos en mano, no hay nada bancarizado", declaró el ex armador de Milei, Carlos Maslatón, al ser citado como testigo por la Justicia el viernes pasado.
Por lo pronto, la investigación preliminar avanza. Este martes 11 de julio están citados a declarar como testigos el empresario Juan Carlos Blumberg, la ex militante mileiísta Mila Zurbriggen y la legisladora porteña Rebeca Fleitas.
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