El escándalo por los fondos del Poder Judicial que maneja el Consejo de la Magistratura amenaza con abrirse como una verdadera caja de Pandora. Luego de la denuncia del abogado Ricardo Monner Sans por supuestas irregularidades en contrataciones discrecionales y alquileres millonarios, PERFIL accedió a documentación que exhibe sombras sobre la compra de equipos de computación por 69 millones de pesos, en 2010 y 2012, y surgen “inconsistencias” en gastos de remodelaciones, y excesos en gastos para “festejos y eventos”.
Mañana Monner Sans ampliará su denuncia. En su nuevo escrito, al que tuvo acceso PERFIL, el abogado detallará también las “singulares rarezas” por las que se alquiló el inmueble “antifuncional” de Lavalle al 1400 destinado a juzgados federales, por 10 millones de pesos y pese a que la Cámara de Seguridad advirtió que el “edificio contratado bajo el signo de la irregularidad no sirve para juzgados”, según nota del 5 de julio de 2013. A los ocho meses de alquilado, se habían gastado más de dos millones de pesos en refacciones.
A la vez, según documentación a la que pudo acceder PERFIL, existirían “inconsistencias en gastos previstos para construcciones y remodelaciones” que ascienden a $ 361.155.226, equipamiento informático por $ 96.278.873, además de “gastos excesivos en festejos y eventos” de diversas jurisdicciones a lo largo del país. El “proyecto informático” que impulsa el Poder Judicial encubriría “sobreprecios y maniobras sospechosas” en la adquisición de computadoras y equipos, según señaló el consejero Mario Cimadevilla.
El diputado Oscar Aguad también denunció supuestas irregularidades en las licitaciones de informática y stock excesivo que alcanza el 39%” ante “equipos que se encuentran en depósitos”. Frente a las irregularidades, Cimadevilla pidió al presidente del Consejo, el juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes, que se permita actuar a la Auditoría General de la Nación.
Otros reclamos puntuales se hicieron ante la Comisión de Administración Financiera, que encabezan en la actualidad el camarista Mario Fera junto al administrador general del Poder Judicial, Germán Ernesto Krieger.
Si bien la Corte es cabeza del Poder Judicial, el 85% del presupuesto que asciende es administrado por la Magistratura.
PERFIL consultó a Mario Fera pero no respondió. En un plenario de la Magistratura de junio del año pasado, la representante gremial de judiciales, Mónica Pailuk, exigió soluciones ante la precariedad en contrataciones de limpieza e informática. Según Pailuk, los empleados de limpieza no estaban registrados en Anses y cobraban sueldos de $ 1.800 pesos.
“Cuando decimos que hay corrupción hablamos en este sentido”, señaló Pailuk. Monner Sans manifestó su sorpresa por la “liviandad” con la que el Poder Judicial realiza contrataciones.
