Guido Tawill, el abogado de la empresa Odebrecht en Argentina esperaba en una sala del Ministerio de Justicia cuando le avisaron que el juez Sebastián Casanello había ordenado allanar las oficinas de la compañía en Buenos Aires. Se levantó y se fue. Los funcionarios de Mauricio Macri que iban a reunirse con Tawill se quedaron por ahora con las manos vacías.
Los intentos del gobierno nacional por retomar la iniciativa en el escándalo de las coimas de Brasil se muestran empantanados. No sólo por la urgencia con la que interrumpieron la reunión. Sino sobre todo porque los pedidos de la compañía a cambio de información son tan desmesurados que firmar el acuerdo, tal como fue redactado por Odebrecht, dejaría al gobierno al borde de la ilegalidad.
El objetivo de la compañía constructora es conseguir un compromiso que le aseguren negocios futuros en la Argentina. Como si Lázaro Báez aceptara revelar el circuito de corrupción del kirchnerismo a cambio de impunidad y contar con el camino despejado para presentarse en nuevas licitaciones en Santa Cruz.
Negociaciones. A comienzos de la semana, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se había reunido a solas con Odebrecht. La forma como el ministro se cortó solo levantó polvareda en algunas oficinas del Poder Ejecutivo. A la reunión de este miércoles, en cambio, se había invitado también a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y al flamante Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.
Tanto el Ministerio de Justicia como la Procuración deben evaluar la posibilidad de avanzar con la propuesta de la compañía. En principio, el texto que entregó Odebrecht es imposible de firmar. Hasta ahora, las reuniones sólo muestran gestualidad. Sin embargo, la reacción del macrismo se muestra tardía. El gobierno aceptó recibir a Odebrecht a pocos días de que en Brasil se abra el secreto que pesa sobre la documentación del Lava Jato.
Silencio. Una paranoia con fundamento recorre al mundo empresario y político, que teme verse aludido si la información de las transferencias bancarias de las coimas llegan finalmente desde Brasil a la Argentina. En los últimos días, y al calor de su enojo por verse perseguida por los servicios de inteligencia de su propio gobierno, Elisa Carrió pidió mayor ímpetu al Poder Ejecutivo para acceder a la información de la compañía que compromete a la Argentina.
Este miércoles, cuando Garavano, Saravia Frías y Alonso se estaban por reunir con el abogado de Odebrecht, llegó la información del allanamiento y todo pasó para más adelante. Casanello había ordenado revisar las oficinas de la firma en Leandro Alem al 800, por pedido del fiscal Federico Delgado. Se investigan los contratos con AySA. Pero la constructora brasilera no es la única revisada. También se allanaron las compañías Roggio, Camargo Correa y Esuco.
¿Quién puede quedar al margen si el sistema de coimas finalmente sale a la luz?
El escándalo del Lava Jato se volvió global cuando, en diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que 12 países recibieron 788 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht a cambio de contratos en 12 países. Y es precisamente desde Estados Unidos donde la mayoría de los investigadores creen que, finalmente, llegará la documentación que termine por señalar a los involucrados.
