Organismos de defensores de los derechos humanos reclamarán ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia y ante la Conferencia Episcopal por lo que consideran un "permanente estado de excepción en el país", impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. "Los organismos de derechos humanos estamos profundamente preocupados por la situación del país, en la que advertimos la aplicación de políticas económicas que el gobierno sólo puede garantizar con represión", afirmó Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
"Denunciamos también, a la luz de los escandalosos e ilegales procesos judiciales contra importantes dirigentes de la oposición, que es el propio Estado de derecho el que está en peligro", añadió, en directa referencias a las causas judiciales contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros funcionarios de la anterior administración.
Carlotto reveló que la primera acción será presentar ante el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, un pedido de audiencia para plantear las preocupaciones acerca del estado de derecho. El jueves, en tanto, representantes de los organismos defensores de los derechos humanos se reunirán con monseñor Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.
Participan de la iniciativa Abuelas de Plaza de Mayo, Madres-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, HIJOS Capital y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, entre otros entes. Las organizaciones advirtieron que volverán a recurrir a las Naciones Unidas (ONU), a la Organización de Estados Americanos (OEA), al Vaticano y al Parlamento Europeo para defender el estado de derecho "como lo hicimos hace 40 años".
TEXTO DEL COMUNICADO COMPLETO
"Los organismos de derechos humanos queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la actual situación del país en la que advertimos la aplicación de políticas económicas que perjudican a las grandes mayorías y cuya aplicación el gobierno sólo puede garantizar con persecución y represión.
Es innegable que desde hace poco más de dos años estamos viviendo tiempos peligrosos para el ejercicio de los derechos, para el reclamo y la protesta y para opinar públicamente de forma crítica hacia el gobierno. Son peores aún para defenderse de las injusticias llevadas adelante por miembros del Poder Judicial.
Denunciamos que la Argentina está sometida a un estado de excepción permanente que permite el atropello y la violación de los derechos del pueblo.
Denunciamos que, a la luz de los escandalosos e ilegales procesos judiciales que se llevan adelante contra importantes dirigentes de la oposición política, es el propio Estado de derecho el que está en peligro: inversión de la carga de la prueba, vulneración del principio de inocencia, condena sin juicio previo, abuso y distorsión de la prisión preventiva, doble estándar en el acceso a la justicia y violación sistemática del debido proceso son las herramientas de persecución que utiliza la justicia.
Denunciamos que la complicidad de los grandes medios no alcanza para ocultar la crisis económica, ni el endeudamiento, ni los despidos, ni el desmantelamiento de políticas públicas de inclusión.
La realidad nos angustia pero a la vez nos exige continuar haciendo frente a tantas injusticias. Seguiremos reclamando la libertad a los presos y presas políticas y la independencia de la justicia. Seguiremos denunciando el avance de la violencia institucional, incrementada con la aplicación de decretos que otorgan a las Fuerzas Armadas actuar en asuntos de seguridad interior. Seguiremos denunciando los casos de gatillo fácil y la militarización de zonas de frontera, y territorios habitados por las comunidades originarias. En este sentido seguiremos denunciando la persecución al pueblo mapuche en la Patagonia y la criminalización de la protesta en todo el territorio argentino.
Denunciamos también las políticas económicas de miseria promovidas por el gobierno nacional y estaremos alertas, acompañando cada uno de los reclamos y las protestas en defensa de nuestros derechos.
Por lo tanto, los organismos de derechos humanos acudiremos como hace cuarenta años a organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. Volveremos a llevar nuestra voz a las Naciones Unidas, a la OEA, al Vaticano y al Parlamento Europeo. En nuestro país nos reuniremos con las iglesias, las representaciones diplomáticas y los miembros de la Corte Suprema. Asimismo convocaremos a los representantes de Bloques parlamentarios, a las centrales sindicales, a los dirigentes de los movimientos sociales a defender de manera irrestricta el sistema democrático".
D.S.
