El escaso debate sobre la "reforma judicial" logrado por organismos como el CELS, dirigido por Horacio Verbitsky, impactó de manera negativa en el ámbito académico quienes debieron expresaron mediante una declaración escrita y pública sus críticas al proyecto oficialista de reforma judicial.
El consejo directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) manifestó que "es importante debatir" los proyectos presentados debido a que "contienen elementos preocupantes".
La declaración ratificó la "necesidad de reflexionar acerca del Poder Judicial, y llamamos a la sociedad y a los legisladores a un debate robusto, vigoroso y desinhibido".
En el comunicado se resalta que "la idea general" del proyecto sobre medidas cautelares "apunta más a custodiar los intereses del Estado que a tutelar los derechos de las personas". "No asume una perspectiva de derechos humanos, que hoy es esencial para toda legislación democrática y, por ello, desconoce las obligaciones contraídas en virtud de tratados de derechos humanos con rango constitucional".
Y continúa al señalar que "el proyecto asume la visión contraria" respecto de la preeminencia de los derechos humanos por sobre el "interés general". Destacan que se trata de un "conflicto que no es novedoso" porque "hace prevalecer el llamado interés general (que usualmente coincide con los intereses del partido de gobierno)".
"Ataca los síntomas de un problema real, pero no las causas. Las medidas cautelares hoy se extienden excesivamente porque los procesos judiciales son demasiado largos, lo que conlleva una masiva denegación de justicia, que generalmente perjudica a las personas y grupos más vulnerables. Es urgente abrir una reflexión sobre cómo agilizar estos procedimientos y cómo brindar soluciones justas a los problemas de la ciudadanía", expresaron en sintonía con lo argumentado por los representantes del CELS en el Senado.
El proyecto, sigue el comunicado de la UBA, "perjudica a los ciudadanos cuyos derechos han sido violados por el Estado, al establecer un plazo máximo de seis meses (prorrogable por otros seis) cuando los procedimientos judiciales duran en general varios años". "El problema es que la idea misma de las medidas cautelares es que duren mientras dure el proceso, si no, no tienen sentido".
Por otra parte, el proyecto sobre el Consejo de la Magistratura "remueve la necesidad de mayorías agravadas para ciertas decisiones relevantes. A partir de la reforma, todas las decisiones podrían ser adoptadas por mayorías absolutas, esto es, por la mitad más uno de los votos. Esto implica avasallar la pluralidad de voces del órgano". Y agrega: "La exigencia de mayorías agravadas (2/3, por ejemplo) incentiva la búsqueda de acuerdos. El compromiso con la democratización no puede reducirse a un sistema electoral. La democracia es centralmente también diálogo, consenso y compromiso. Con este proyecto se erradica toda semilla de consenso en el gobierno del Poder Judicial".
"Esto se agrava dado que la fuerza que obtenga la mayor cantidad de votos en las elecciones directas de consejeros obtendrá automáticamente la mayoría absoluta en el Consejo", reseña de manera contundente el texto.
En referencia al proyecto sobre la creación de nuevas cámaras de Casación en los restantes fueros, se subrayó: "El establecimiento de nuevas cámaras de casación extiende los procedimientos judiciales, dificultando el acceso a la justicia de los ciudadanos. Esto resulta contradictorio con los fundamentos expuestos en el proyecto sobre medidas cautelares donde se observa que los procedimientos duran demasiado".
Los integrantes del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho fundamentaron además que "igualmente contradictorio con el afán de asegurar un amplio acceso de asuntos y sujetos a la justicia, y una tutela oportuna de los derechos de las personas, es la distracción de recursos indispensables para satisfacer necesidades largamente conocidas y reiteradamente expresadas de creación de más unidades que aseguren inmediatez del juez y las partes y celeridad en las resoluciones".
"Advertimos con preocupación la creación de nuevas instancias que facilitan la injerencia de otros poderes sobre las decisiones de aquellos que circunstancialmente quedan sometidos a su arbitrio durante la tramitación de sus concursos. Por ello, la Facultad se propone como ámbito del debate y convoca a los aportes y contribuciones de toda la comunidad académica", concluyeron.