La Administración de Parques Nacionales instruyó a su equipo de abogados para promover un nuevo desalojo en el territorio patagónico donde fue asesinado el 25 de noviembre pasado el joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel, en medio de un operativo similar ejecutado por el Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. La decisión se materializó en la resolución 2018-15-APN-APNAC#MAD con la firma del presidente del organismo, Eugenio Bréard, el 2 de marzo.
“Promuévanse las acciones judiciales de desalojo contra los ocupantes y/o intrusos y/o poseedores y/o tenedores, que se encuentren asentados ilegalmente en el predio sito en la Ruta N° 40, a la altura del kilómetro 2006, identificado catastralmente como 19-7-A-011-14”, resuelve el documento al que accedió PERFIL. Las coordenadas conducen al territorio en las cercanías del lago Mascardi, provincia de Río Negro, que fue declarado como propio por la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, a la que pertenecía el joven ultimado por un balazo cuya procedencia aún se investiga.
Acorde con la resolución de Parques Nacionales, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el equipo legal integrado por los abogados Lorena Traba, Joaquín Quinto Labougle, Juan Ignacio Inza, Martín Eduardo Paterlini y Sandra García Pacheco deben arbitrar todos los medios y actos necesarios para ejecutar las acciones judiciales ordenadas por la máxima autoridad del organismo y para la mejor defensa de sus derechos, reza el documento. La letra deja nulo margen para cualquier negociación.
Tras la muerte de Nahuel en medio de un desalojo ordenado por el juez federal subrogante en San Carlos de Bariloche, Gustavo Villanueva, los abogados que representan a la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu intentaron abrir una instancia de diálogo para evitar más violencia. Paradójicamente, la Administración de Parques Nacionales fue una de las partes conminadas a sentarse en la mesa, antes que respondiera con esta resolución que exhorta al uso de la fuerza.
El expediente hoy tramita en el juzgado rionegrino bajo la carátula “Jaramillo, Luciana Martha y Otros s/ usurupación”, con fecha de inicio del 12 de noviembre del año pasado, 48 horas después de la ocupación del predio. La resolución de Parques Nacionales alude a los ocupantes como “intrusos” cuando recorre la historia de la primera denuncia presentada y el operativo de desalojo dispuesto por la Justicia once días después. Nada dice respecto a la muerte del joven mapuche ocurrida el 25 de noviembre cuando “supuestos integrantes de la comunidad intrusa se apersonaron en el predio ocupado” para retomar el terreno.
La resolución argumenta, en sus últimos considerandos, “que la referida ocupación ilegal importa la afectación y turbación a un bien del dominio público” y conforme a ello corresponde entablar todas las acciones administrativas y judiciales capaces de hacer cesar dicha irregularidad “de forma urgente e inmediata”. Todos los intentos de este medio por contactar al titular de Parques Nacionales cuya firma se lee al pie del documento fueron infructuosos al cierre de esta edición.
