Piden que la AGN audite el acuerdo del Gobierno con el Correo Argentino
La comisión parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas encomendó que se haga un "estudio especial"respecto de los créditos del Estado en el concurso preventivo de la empresa de Franco Macri.
La AGN, que depende del Congreso Nacional y actualmente encabeza el exdiputado justicialista Oscar Lamberto, tendrá un plazo de 90 días, prorrogable a 120 días, para realizar el informe solicitado por la comisión bicameral.
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En la reunión, realizada en el salón del Senado "Arturo Illia", hubo momentos de tensión entre el oficialismo y el peronismo con cruce de chicanas y responsabilidades políticas. La propuesta de asignar la investigación a la AGN partió de una nota presentada a la presidencia de la comisión, a cargo del senador José Mayans (PJ-FPV), por los diputados Mario Negri, Luis Borsani y Álvaro González, del interbloque Cambiemos.
Borsani explicó que "como hay posibilidad que exista conflicto de intereses es necesario esclarecer" y dar "más luz" sobre el fallido convenio firmado el 28 de junio del año pasado que prácticamente condonaba la deuda que la empresa mantiene con el Estado por, se estima, unos 70 mil millones de pesos.
El "conflicto de intereses" a que se refirió el funcionario es porque el concurso de intereses fue iniciado a principios de la década pasada cuando el concesionario de la empresa era el grupo Socma que encabeza Francisco "Franco" Macri, padre del Presidente, según consignó la agencia DyN.
Por su parte, Negri resaltó que la decisión de Cambiemos de pedir el "estudio especial" a la AGN sirve para que "nadie pueda pensar que nuestra intención" es "amañar algún tipo de información" y pronosticó que "va a ser muy buena la contribución del Parlamento al esclarecimiento de este tema".
El jefe del bloque de senadores del PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, apuntó que la Auditoría cuenta en su archivo con abundante material sobre Correo Argentino que servirá de antecedente para el informe que ahora le encomendó la comisión.
En ese contexto, la diputada del Frente Renovador Carla Pitiot sugirió que la investigación abarque también las medidas "post-concursales" porque dijo "ha habido muchas idas y vueltas" desde que en el gobierno de Néstor Kirchner se le quitó la concesión al grupo encabezado por Macri padre.
La mayor tensión política sobrevino cuando la senadora kirchnerista Virginia García le enrostró a los miembros de Cambiemos utilizar eufemismos para no mencionar que el fallido convenio está "sospechado de corrupción" porque "la familia Macri logró una quita del 98,2 por ciento de su deuda" con el Estado.
"Ahora entendemos por qué se fue (Alfonso) Prat Gay, que logró menos quita con los (fondos) buitre que el Grupo Socma", ironizó. Además, especuló en que si no se hubiera filtrado en los medios el convenio "no estaríamos acá reunidos" y afirmó que "no hubo una voluntad (del Gobierno) de dar a conocer los términos del acuerdo".
Alvaro González, vicejefe del bloque de diputados del PRO, replicó que "la licuación del crédito es producto de las políticas públicas que se aplicó en los últimos 12 años" y recordó que el acuerdo no era un secreto y que estaba en la justicia.
