POLITICA

Piden el procesamiento de una hija de Jaime por enriquecimiento ilícito

El fiscal Rívolo siguió la pista de una moto de agua y una casa, cuyas compras no pudo justificar con sus ingresos.

Julieta Jaime, a punto de ser procesada por enriquecimiento ilícito.
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El fiscal Carlos Rívolo embiste contra la familia Jaime. No sólo pidió la ampliación del procesamiento del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien quedó al borde del juicio oral, sino que ahora procesó a una de sus tres hijas acusada de ser presunto testaferro del exfuncionario K.

Se trata de Julieta Jaime, a quien el fiscal no le creyó al momento que ella pretendió justificar sus lujosos bienes que alcanzarían los 12 millones de pesos. Es que el peritaje realizado por el equipo de contadores de la Corte Suprema determinó que no se puede explicar su patrimonio con sus ingresos laborales.

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La Justicia sostiene la teoría que Ricardo Jaime habría utilizado varios testaferros, entre ellos sus hijas, para pretender evadir al fisco.

Días atrás, el ex secretario Transporte negó haber sabido que su hija mayor poseía una moto de agua, en la causa por enriquecimiento ilícito en que se investiga si ese vehículo le perteneció y él lo puso a nombre de su familiar.

Desde 2014 Jaime está procesado y embargado en 40 millones de pesos porque supuestamente habría amasado 12.500.000 pesos, durante sus seis años como funcionario de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y Casanello le atribuye la posesión de un avión Lear Jet, un yate, 13 autos, ocho inmuebles, un hotel, un spa y acciones en empresas.

Pero la moto de agua SSP matrícula TIGR0165 marca Rotax hasta ahora había quedado fuera del inventario de los bienes atribuidos a Jaime, por lo que Rivolo pidió la indagatoria de Julieta con el argumento de que el verdadero dueño es Jaime porque su hija no posee permiso de conducir ese vehículo y para hacer la transferencia usó una boleta de impuesto inmobiliario a nombre de su padre.

Desde el sábado último Jaime permanece detenido por disposición del juez federal Julián Ercolini en que la causa en que se investiga si hubo delito en la compra de trenes usados a España y Portugal.