El represor Reynaldo Benito Bignone y otros cinco ex uniformados enfrentaron este viernes un pedido de prisión perpetua impulsado por los fiscales del juicio conocido como Colegio Militar, donde se investigan los crímenes contra seis jóvenes conscriptos que realizaban el servicio militar obligatorio en Campo de Mayo durante la última dictadura. Tres de las víctimas fueron desaparecidas.
El proceso de lesa humanidad se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín y tiene en el banquillo a seis ex militares y un ex gendarme. El fiscal general Marcelo García Berro y el fiscal ad hoc Guillermo Silva pidieron este viernes que todos los procesados sean condenados a cadena perpetua.
Los responsabilizan por el secuestro de seis soldados conscriptos, tres de ellos desaparecidos, y delitos contra otras víctimas que incluyen, además de la privación ilegítima de la libertad, el robo y la violación.
Según informó ayer el Ministerio Público Fiscal, los pedidos de prisión perpetua alcanzaron al ex comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros; el ex director del Colegio Militar y segundo de Riveros, Reynaldo Benito Bignone; el civil del Batallón 601 Carlos Eduardo José Somoza; los ex oficiales del Colegio Militar Alberto Federico Torres y Jorge Teodoro Alvarado; y el gendarme Hugo Miguel Castagno Monge, quien dirigió el centro de detención clandestina El Campito, dentro de Campo de Mayo.
Los fiscales también pidieron la imposición de la pena máxima que prevé el sistema penal argentino para el ex suboficial Mario Rubén Domínguez, quien usaba el alias Escorpio, al remarcar que “formó parte de los grupos de tarea que realizaban operativos de secuestro o eliminación de personas” en el centro clandestino de detención El Campito.
En el caso de Bignone, los fiscales le imputan ser coautor de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad con empleo de violencia y amenazas e imposición de tormentos en seis hechos.
También el homicidio, doblemente agravado, de los tres conscriptos desaparecidos: Luis Pablo Steimberg, Luis Daniel García y Mario Vicente Molfino.
Durante su alegato, los fiscales sostuvieron que por los tres conscriptos desaparecidos, correspondía imponer la pena que corresponde al cargo de homicidio: “Vamos a sostener, así como ya lo ha hecho el Tribunal en numerosas sentencias cuando ha tratado el punto, que las personas privadas de la libertad que permanecieron en el centro de detención Campo de Mayo y de las que a la fecha no se ha tenido noticias sobre su destino, han sido víctimas de homicidio”.
Desde su perspectiva, corresponde imputar ese delito “no sólo porque han transcurrido más de cuatro décadas desde que ocurrieron los hechos y porque no ha surgido ningún indicio que indique que aún permanecen con vida, máxime si tenemos en cuenta que en el debate surgió claramente el trato inhumano, las aberrantes condiciones de vida, los métodos de tortura y testimonios sobre ‘traslados’ y ‘vuelos de la muerte’”.
