En el norte de Salta, una zona caliente dominada por el narcotráfico, los presos vinculados al tráfico de estupefacientes quedan en libertad porque no hay lugares para tenerlos detenidos. Quienes pudieron ingresar al penal relatan que las imágenes vistas son aberrantes y hablan del hacinamiento que hay en la única penitenciaría que existe a 200 kilómetros de la neurálgica localidad de Orán.
Esa situación es un salvoconducto que les viene como anillo al dedo para los abogados que defienden a los contrabandistas que se dedican a traer estupefacientes de Bolivia y Paraguay. El procedimiento es sencillo. Paso 1: se presenta una batería de hábeas corpus y recursos por denegación de Justicia. Paso 2: se pide la excarcelación del imputado asegurando que se ajustará a derecho, que no abandonará la jurisdicción y se paga la correspondiente fianza.
Los jueces y fiscales de Salta, no desmintieron el procedimiento. “Ese es el antecedente que presentó la Defensoría General de la Nación hace un mes y medio atrás. Esa causa está en la Cámara Federal de Apelaciones porque yo apelé. Yo lo que digo es que hay que trasladar los presos al lugar que sea para que no estén hacinados, pero de ninguna manera hay que darles la libertad a estos narcos que tienen boca de expendio, tienen que estar en cana”, explicó a PERFIL el fiscal federal de Orán, José Luis Bruno.
Por la fiscalía federal de Orán pasan más de 20 mil causas por año, de las cuales el 92% están vinculadas, de una u otra manera, al narcotráfico. El Centro Federal Penitenciario del NOA, General Güemes, fue inaugurado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 27 de julio de 2011. Al día siguiente no había más lugar ni para un alfiler y a las dos semanas se inició la primera huelga de hambre de los internos.
Según el presidente de la Cámara Federal de Salta, Jorge Luis Villada, “se necesita urgente una cárcel nueva en el norte, la de Güemes nació prácticamente llena y tiene una capacidad para poco más de 600 personas. Ya estaba repleta al día dos de la inauguración. El Servicio Penitenciario tampoco tiene los servicios necesarios para los traslados. Alojamos unos 1.200 presos federales, pero cuando se sumen más juzgados esos números se van a disparar”.
La preocupación no sólo es de los integrantes de la Justicia. En el Servicio Penitenciario Federal no hay recursos para custodiar una cárcel con presos que, en algunos casos, terminan siendo blanco de los cárteles de la droga. “Para trasladar a un preso a Orán tenemos que hacer 200 kilómetros y más si tenemos que llevarlos a Salta (capital). Viajamos sin custodia y un día nos van a poner (matar) a todos para liberar o ajusticiar (asesinarlo para silenciarlo) a un preso”, se queja un penitenciario que pidió que su nombre no sea publicado.
Al juez Villada se lo nota inquieto y cada tanto mira por la ventana: “El juez de Orán (Raúl Reynoso) juzga más de 250 presos por año. Ni siquiera hay alcaldías suficientes. La provincia de Salta nos presta sus pocos recursos para alojar nuestros presos que son federales, pero ellos ya no tienen espacio”. La jurisdicción de Salta y Jujuy tiene una capacidad total para 850 presos, y hasta junio de 2012 se registraron 1.021 detenidos en unidades carcelarias y 44 con prisión domiciliaria.
Una de película: hace unos meses tres guardias del Servicio Penitenciario Federal se negaron trasladar a un colombiano desde la unidad carcelaria hasta el juzgado. Reclamaban apoyo de Gendarmería por tierra y un helicóptero de apoyo.
