“La política es financiada por la criminalidad”

Según la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia, en 2012 hubo 2.979 intentos de fuga. Este año, lamentablemente, la cifra se extiende (comenzando por la fuga del penal de alta seguridad de Ezeiza) y, en las últimas horas, registra un increíble episodio en el cual un represor, Alejandro Lawless, procesado por delitos de lesa humanidad, se escapa caminando de la puerta de Tribunales ubicada en la calle Lavalle.
—Estamos presenciando una seguidilla de fugas ­–asiente el ex fiscal general de Bahía Blanca–. Y considero que tiene que ver con ciclos o períodos de visibilización de problemáticas. Por ejemplo, en la década de los 90 hubo muchos motines en las cárceles. Fue una forma de protesta de los aparatos de poder. Yo insisto con la idea de que tanto las estructuras policiales como las penitenciarias son aparatos del poder, autogobernadas, independizadas, y que no han sido modificadas en su estructura desde la época de la dictadura. Hay algunos matices, pero lo cierto es que estas fuerzas presionan en determinadas circunstancias para lograr concesiones o autogobierno. Creo, entonces, que esta seguidilla tiene que ver con esto. Y tanto ocurre en el ámbito federal como en las provincias. No son hechos casuales ni aislados: son hechos consecutivos.
—¿Y cuál es entonces la metodología para evitarlos?
—Desde hace diez años, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires está realizando un trabajo de campo junto al Comité contra la Tortura, y esto nos permite una mirada profunda de las realidades carcelarias y policiales. Por otro lado, tenemos también (desde hace 12 años) un programa, Jóvenes y Memoria, que acaba de desarrollarse en Chapadmalal y que reúne trabajos realizados por escuelas (en este caso, 800 establecimientos más organizaciones sociales) que nos brindan un reflejo de lo que sucede en la realidad.
—¿Y usted, doctor Cañón, desde su experiencia, cómo lo analiza?
—Creo que hay una temática relacionada con disputas muy serias entre estos aparatos de poder, que son los gobiernos policiales y penitenciarios. Pero también aquí aparece una segunda realidad: estos aparatos no tienen una injerencia en el Estado en forma directa, pero, sin embargo, gobiernan el territorio a través de la criminalidad compleja.
—¿Qué es la criminalidad compleja?
—Le explico: se trata de delitos graves que corresponden a bandas organizadas y tienen una incidencia colectiva como, por ejemplo, el narcotráfico, el desarmadero de autos. Lo que ocurre es que, también a veces, se mezclan con actividades legales a través de lavado de dinero u organización de empresas. Hay un informe de Naciones Unidas de 1994 que, ya entonces, señalaba que el narcotráfico a nivel internacional mueve más dinero que el intercambio petrolero en todo el mundo. Este dato es fuerte y refleja una expansión de una ilegalidad que subyace bajo las estructuras del Estado. Ahora bien, cuando el Estado ve involucrados a determinados integrantes de su estructura burocrática, como son las policías, los servicios penitenciarios y también fiscales, jueces y sectores políticos, nos encontramos con un entramado complejo que lleva a una pérdida de control del territorio. Entonces, todo lo que significa presencia del Estado (y le hablo de la escuela, comedores barriales, etc.) se convierte en disputa de territorio entre estas bandas. En este sentido estamos viviendo en Argentina un momento crítico. Fíjese que hay manifestaciones explícitas como ocurrió en Rosario, en Santa Fe…
—¿Usted vincula esto con el atentado contra el gobernador Bonfatti?
—Sí. El atentado está directamente vinculado con el hecho a través del que se destapó un tramado policial corrupto y que, de alguna manera, presiona al poder político para que ceda y negocie con esta estructura viciada. Por ejemplo, en Córdoba, a través de la investigación de un periodista se demostró (y en este momento lo está investigando la Justicia) que ciertas bandas de narcotraficantes estaban enfrentadas. Algunas de ellas brindaban datos a la Policía. A su vez, la Policía argumentaba con los jueces para conseguir una orden de allanamiento de un determinado lugar y se encontraban allí con grandes sumas de dinero que se robaban y con grandes cantidades de droga que se repartía el 50% con el otro narco que les había brindado el dato.
—¿Y el otro 50%...?
—Bueno, 25% iba a la venta, al menudeo a través de los pibes que reclutan para que trabajen para la Policía, y el otro 25% se guarda para “plantarlo” como prueba en los procedimientos que ellos quieren realizar para detener a ciertas personas cuando el objetivo es contraer territorio desde la criminalidad.
—Pero, ¿y el poder político?
—Desgraciadamente, no ha tomado nota de esto. O no ha querido hacerse cargo del problema, y así va pasando el tiempo. Es el caso de Córdoba, y también ocurre en la provincia de Buenos Aires. Esto nos lleva entonces a una imagen que aparece en general en todos los países latinoamericanos. Se está dando hoy en Argentina y en Brasil y, por supuesto, en México y en Colombia, tienen niveles de criminalidad muy avanzados en esta dirección. Mire, el otro día nos presentamos ante el fiscal general de San Martín porque hay una seguidilla de muertes entre los pibes de las villas más pobres. Pero estos pibes no son protagonistas o “soldaditos de la droga”, como se los llama ahora. También hubo la muerte de tres pibes que eran “soldaditos de nadie” porque no pertenecían a ninguna banda y, entre el fuego cruzado y la suposición de que eran autores de la muerte del hijo de un traficante, los mataron mientras esperaban para salir a bailar esa noche. También en San Martín acompañamos a las madres para pedirle al fiscal que se unifiquen las causas en una sola porque la metodología es la misma y los casos están concatenados porque hay una estructura superior relacionada con esta narco-criminalidad que va ocupando territorio. Un cura, el padre Pepe, trabaja allí intensamente…
—Sí, incluso las autoridades eclesiásticas lo enviaron a Santiago del Estero por las terribles amenazas de las que era objeto.
—Esto ocurre con el tema de las drogas y también con la ocupación de tierras de los pueblos originarios. En este momento en Santiago del Estero, en el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) han detenido a un dirigente y allí el tema viene por la disputa de las tierras que, como sabemos, es algo ancestral por parte de los pueblos originarios. Como éstos no tienen títulos de propiedad, el gobierno los está otorgando sobre todo a empresarios cordobeses que vienen, arrasan con las topadoras y destruyen los ranchos y la arboleda con el objetivo de plantar soja. La gente de los territorios los defiende. Hay allí una gran discusión, pero es parte de una disputa muy grande por la expansión del narcotráfico y también por otros negocios por los que van ocupando el territorio. Entonces, lo que nosotros, desde la Comisión por la Memoria, estamos planteando en nuestros informes anuales es que si el Estado de derecho pierde el dominio del territorio y funcionarios públicos (como son los policías) están mezclados en esas bandas criminales, observamos que la gobernabilidad queda fuera del sistema. Y esto, en la época que estamos viviendo, significa pérdida de permanencia democrática.
—¿Por qué no me aclara esto?
—Los golpes de Estado tradicionales que, con los militares, iban de arriba hacia abajo, ya no se reproducen de ese modo sino que, justamente, la idea es que los grandes grupos que pretenden desestabilizar a los gobiernos generen condiciones de gobierno de territorio y ahí van a disputar provocando una sensación de que la cosa no va más. También manejan determinados grupos económicos fuertes (generalmente ilegales) para ocupar el territorio y cambiar a sus gobernantes. Esto a veces es negado por las fuerzas políticas. También es materia de disputa a nivel de competencias electorales cuando, en cambio, esto debería constituir una política de Estado que involucre a todo el mundo ya que se relaciona con la construcción democrática, la seguridad democrática y la permanencia del sistema de gobierno democrático a largo plazo.
—Lo que usted dice es cierto en cuanto a que, en la campaña, este tema no ha tenido un protagonismo importante… Raro ¿no?
—Bueno, ahí hay también excepciones, pero, en general, en los tiempos en los que vivimos, la política es financiada por esta criminalidad. En Brasil la llaman “la caja 2”, en la que todos los sectores dedicados a estos delitos complejos depositan en diversos partidos políticos y hay una especie de “entrampamiento” de deudas pendientes que luego deben retribuir cuando llegan a ser gobierno. Días pasados veía en un canal de televisión centroamericano que en las elecciones en Honduras (si mal no recuerdo, ya próximas) los candidatos ya estaban pactando con las bandas y las “maras” para ganar el comicio y obtener recaudaciones ilegales. Esto es lo que va carcomiendo la estructura básica del sistema democrático y constituye una etapa peligrosa que estamos viviendo en esta etapa del mundo.
—No sé si está de acuerdo, doctor Cañón, pero el episodio de Santa Fe con el atentado contra Bonfatti es como si, de pronto, hubiera descorrido una cortina. Es un atentado contra un gobernador de un gobierno constitucional.
—Sí, no hay que negar la realidad. Es lo peor que puede hacerse en estos casos. Después del documento de la Iglesia, el gobernador Scioli dijo, por ejemplo, que había una política orientada en esa dirección, etc. Yo no descarto los esfuerzos que pueda hacer, pero la realidad marca otra cosa. No se hacen grandes esfuerzos cuando, por ejemplo, en el caso Candela hay una serie de responsables policiales que están involucrados y ni fueron pasados a retiro ni se hizo un sumario interno con respecto a ellos. Así es que hay una convivencia con estas personas sospechadas (por decirlo suavemente) de cometer delitos, y esto va llevando a que el poder constitucional elegido por el pueblo tenga poca gobernabilidad de las Fuerzas. Esta autonomía que se está concediendo juega en desmedro de la democracia. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, la Policía está constituida por 60 mil hombres. Esto significa que la Policía Bonaerense tiene más efectivos que los efectivos de las tres Fuerzas Armadas argentinas. En una palabra: Ejército, Marina y Fuerza Aérea tienen menos efectivos que toda la Policía Bonaerense. Y esta Policía, al estar unificada y con un jefe uniformado y demás, tiene una capacidad de fuego muy grande. Los chicos (en el programa Jóvenes y Memoria) ven más bien a la Policía como una amenaza y no como una seguridad. No es una Fuerza que los cuida, sino que son los chicos los que deben cuidarse de ella.
—¿Y en cuanto a la Gendarmería?
—En algún momento, para los vecinos de los barrios carenciados la Gendarmería era una especie de garantía frente a la impunidad de la Policía Bonaerense, pero hoy día tienen prácticamente los mismos métodos, las mismas prácticas y los chicos de las villas más pobres sólo distinguen a unos de otros por el uniforme diciendo: “viene un verde” o “viene un azul”.
—Usted me hablaba recién de Scioli, pero, por ejemplo, ¿qué dice el ministro Casal de todo esto?
—Bueno, al dividirse el ministerio, Casal está al mando sólo de Justicia, y quien está a cargo de la seguridad y gobierna a las policías es Granados, el intendente de Ezeiza.
—¡El sheriff!
—El discurso de Granados menciona “la mano justa”. Ni dura ni blanda, pero, en realidad, en última instancia, es una política de fuego. No es la pacificación. La Policía tiene que ser la articuladora de otras políticas públicas que tienen que ver con la integración, la educación, el trabajo… Pero nunca puede ser el recurso que lleve al conflicto. La Policía, para el sistema penal, no está para el conflicto barrial. Por ejemplo, trabajamos con los docentes para que hagan una suerte de lugar o espacio en la escuela (tanto pública como privada) que sea invulnerable para la Policía. Así como en la Edad Media las iglesias eran un lugar de refugio, de asilo, las escuelas deben serlo también porque hay chicos que están corriendo por la calle y pueden recibir un tiro en la nuca. Entonces, si se refugian en la escuela, será la autoridad de la escuela, los maestros mismos, quien le brinde cobertura. No para llamar a la Policía, sino para que concurran servicios sociales con la presencia de los padres y puedan brindar asistencia como para que los chicos tengan una cobertura de resguardo y seguridad. Lo garantizan así los tratados internacionales sobre los derechos del niño que no se aplican en la Argentina.
—¿Ustedes han planteado esto a nivel de gobernación, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué respuesta hay?
—Tenemos respuestas parciales. Estamos haciendo trabajos permanentes de incidencia en las políticas públicas. Por ejemplo, logramos impulsar un proyecto, que hemos redactado en la Comisión por la Memoria, que crea la Policía Judicial (que es un mandato constitucional) para que exista un Cuerpo de Investigaciones dependiente del Poder Judicial. Finalmente se aprobó ese proyecto, pero no se puede implementar porque falta la partida del presupuesto. Hemos planteado casos puntuales: por ejemplo, la desaparición de Luciano Arruga. Es un tema todavía sin resolver y los policías siguen en actividad y van a barrios como Lomas del Mirador diciéndoles a los pibes “si no trabajás para nosotros te va a pasar lo mismo que a Luciano Arruga”. A Luciano le ofrecían vehículo, arma y que no quedara preso. Es decir, la condición era “trabajá y robá para nosotros”. Y lo más terrible de todo esto es que esa policía que está para cuidar al ciudadano estaba en un destacamento que se hizo en el límite entre un sector de clase media, media alta y las villas. Allí, en Lomas de Mirador (partido de La Matanza), comenzó a trabajar la Policía supuestamente para cuidar a los sectores de clase media de supuestos chorros. Y digo “supuestos” porque esa clasificación muchas veces es por portación de cara.
—Es un tema ina-gotable, pero no quiero dejar de mencionar la noticia que hace pocas horas ha tomado estado público: me refiero a la fuga de un represor de la dictadura, Alejandro Lawless, que se escapó caminando o corriendo por la calle Lavalle cuando el celular que lo llevaba esperaba para entrar al palacio de los Tribunales. ¿Cómo se explica esto?
—Ante todo, digamos que este personaje estuvo eludiendo la acción de la Justicia desde hace mucho tiempo. El era un operativo de Acdel Vilas en Tucumán antes de ser destinado a Bahía Blanca y formaba parte de las patotas que actuaban en los secuestros de personas que luego eran trasladadas a La Escuelita de Bahía Blanca, donde eran torturadas, interrogadas y detenidas en condiciones infrahumanas. El edificio era un viejo tambo en dependencias del V Cuerpo de Ejército al que eran llevados los prisioneros. Este hombre, Lawless, era, en aquel tiempo, de baja graduación, como otros. Por ejemplo, el teniente coronel Corres, que era también subteniente en aquellos tiempos de la dictadura. Y Corres es otro ejemplo: se fugó en 2008. Pero fíjese usted en los detalles: se fugó de la delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca y, cuando comenzamos a investigar, se pudo establecer que el teniente coronel Corres y otros detenidos (como García Moreno), que también están prófugos, eran motivo de admiración para comisarios y subcomisarios que les rendían pleitesía y los admiraban. Los tenían en el living de la delegación, hacían asados y recibían vino que traía Lapeyrade (un empresario que luego dio cobertura a Corres cuando éste estaba prófugo). Y lo peor de todo esto, y quiero hacerlo público –señala el doctor Cañón–,­ es que el subcomisario de aquella época, Marcelo Voros, fue condenado con una pena de multa por la evasión y ahora, además de haber sido ascendido, ha sido designado jefe de la Delegación de la Policía Federal de Jujuy, recibido por el gobernador Fellner. Presentamos (a mediados de año) nuestras quejas al ministerio de Seguridad, sé que internamente hubo un dictamen que desaconsejaba que se lo ascendiera, pero, sin embargo, por algún factor de poder interno hoy está designado. Es un hombre altamente peligroso y, cuando ahora se está hablando desde la Corte del narcotráfico desde el Norte, en la delegación de Jujuy está un hombre que admiraba a los represores, que ayudó a evadirse a un represor y que está convalidado en su cargo con la inseguridad que esto significa para el sistema democrático.
—Volviendo a la evasión de Lawless (cuyo apellido curiosamente significa en inglés “sin ley”), es algo muy semejante a la evasión de Olivera y De Marchi (condenados por delitos de lesa humanidad) cuando iban a ser atendidos en el Hospital Militar el 25 de julio pasado. Hoy siguen prófugos.
—Este es un caso reciente, pero en el de Bahía Blanca tenemos cinco prófugos. En fin, usted recordará también que, en tiempos de Alfonsín, hubo una serie de llamados a las escuelas en los que se anunciaban atentados con bombas, etc. Esto creó un estado de inseguridad grande y Alfonsín decretó el estado de sitio y encarceló a una serie de militares sospechosos. Entre ellos, uno de apellido Granada, que ha sido condenado el año pasado en Bahía Blanca. Pudimos demostrar entonces que formaba parte de los cuadros que integraban bandas de secuestro gracias a la documentación que obtuve de la Prefectura Naval en 2005/6 y que sirvió de prueba en los juicios por lesa humanidad… Es importante recordar –termina diciendo el ex fiscal general de Bahía Blanca– que, más allá de treinta años de democracia, hay estructuras que todavía siguen respondiendo a intereses bastardos y que, desde allí, siguen operando. Y no creo en las casualidades.