“No sé cómo se filtró”, dijo ayer Ignacio Hurban durante la conferencia de prensa que brindó por la tarde. “Sí, sabemos”, aclaró su abuela con una sonrisa. El la miró y evitó ahondar. Esta sería la primera vez que se filtra el nombre de un nieto recuperado en el juzgado de María Servini de Cubría. Durante años, los periodistas han intentado obtener la identidad de apropiación para buscar a algunos de los jóvenes y entrevistarlos. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo protegió esos datos a sol y sombra, pero también el juzgado.
Tras la filtración, todavía no aclarada, de la identidad de Hurban, Abuelas analiza apartar de la causa al Juzgado Federal Número 1 y pedir que el expediente en el que la jueza investiga la supuesta apropiación ilegal de Guido Carlotto pase a La Plata. La explicación de los abogados de la entidad sería que el hijo de Laura Carlotto no nació en el Hospital Militar, en Capital Federal, sino en el penal de Olmos, donde la jueza no tiene jurisdicción.
El abogado de Abuelas, Alan Iud, presentó una grabación de la jueza hablando en el programa radial de Marcelo Zlotogwiazda, donde habría mencionado el nombre de Hurban, el martes por la tarde. En el entorno de Servini aseguran que ya se había filtrado. Nadie sabe explicar cómo. Una fuente que conoce el caso de cerca y que no pertenece al juzgado sostuvo que fue la agencia oficial Télam la primera que filtró los datos de Hurban y que alguien de la familia dio los datos.
La jueza informó a Carlotto de la noticia después de las 14.30 del martes. Los testigos de ese momento relataron a PERFIL que la presidenta de Abuelas sólo podía expresar felicidad. Enfrente tenía a la jueza, a dos miembros del juzgado que investigan las causas de apropiación de menores durante la dictadura, y a representantes del Banco Nacional de Datos Genéticos, enfrentados con las Abuelas y el Gobierno porque se oponen al traslado de la entidad desde el Hospital Durand al Ministerio de Ciencia, y cuestionan que el Ejecutivo quiera manejar la entidad y limitar la función del Banco a casos de lesa humanidad.
Luego de que Estela les diera la noticia, algunos miembros de la familia Carlotto no pudieron disimular el malestar de que la confirmación que habían esperado durante más de treinta años llegara de boca de uno de los jueces que vienen fallando contra funcionarios del Gobierno y contra decisiones clave de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como la reforma judicial. Hubiesen querido que el Banco les informara directamente a ellos, a través de Claudia Carlotto, hija de Estela y titular de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), un organismo del Gobierno.
En el juzgado, no dejan de pensar que la política metió la cola y que la capitalización de un hecho histórico como la recuperación de una de las luchadoras más importantes en materia de derechos humanos es parte de la pelea con la jueza. Creen que el kirchnerismo no puede o no quiere digerirlo.
