La foto de la nueva Corte Suprema refleja la salida de Elena Highton de Nolasco, a quien el Ejecutivo le aceptó oficialmente la renuncia el último viernes a través del decreto 747, y con los otros cuatro integrantes que vuelven a la presencialidad en el Máximo Tribunal y esperan el reemplazo de la única mujer que lo integraba.
Volvieron los acuerdos presenciales a la Corte Suprema tras la salida de Elena Highton de Nolasco pic.twitter.com/wgAkFq8Z0p
— Maria Bourdin (@BourdinMaria) November 4, 2021
Primera reunión y nuevo fallo de la Corte Suprema
La Corte Suprema ratificó que los jueces federales de las provincias están habilitados para tramitar causas colectivas en las que están comprometidas cuestiones de jurisdicción nacional.
El máximo tribunal adoptó tal decisión en el marco de una demanda de la asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), en representación de los usuarios del servicio de gas.
La entidad promovió una acción de amparo colectivo contra el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y el Ministerio de Energía para declarar la nulidad de una serie de resoluciones dispuestas en 2018 que dispusieron aumentos en las tarifas de ese servicio.
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La acción judicial fue presentada ante la Justicia Federal bonaerense, pero el ENARGAS planteó inhibitoria argumentando que el expediente debía tramitar ante la Justicia en lo contencioso administrativo federal con sede en la Ciudad de Buenos Aires.
Allí quedó trabado un conflicto de competencia que la Corte acaba de resolver a favor de la intervención federal de los tribunales del interior.
El máximo tribunal, con la sola disidencia de Carlos Rosenkrantz, determinó que es "competente para entender en las actuaciones al juzgado federal de La Plata", destacando "la inequívoca importancia y la trascendente función que cumplen los tribunales federales del interior del país".
El fallo, destacaron los jueces, "fomenta el federalismo, la descentralización institucional y la aplicación efectiva de los derechos de los usuarios y consumidores de servicios públicos".
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Una decisión en contrario "conllevaría el vaciamiento de las competencias asignadas a la justicia federal con asiento en las provincias frente a la promoción de procesos colectivos como el que dio origen a estas actuaciones", añadieron.
Así, los tribunales federales de todo el país quedaron habilitados para tramitar acciones colectivas de usuarios de bienes y servicios públicos que involucren el interés nacional.
Nueva dinámica de la Corte
El nuevo presidente, Horacio Rosatti ya está acomodado y dispuesto a "modernizar" y "flexibilizar" al más alto tribunal de justicia del país.
Como primera medida, las reuniones de acuerdos entre los ministros que por la acordada 38 de 1990 se celebraban sólo los martes, tendrán ahora frecuencia semanal pero sin un día fijo, es decir que los ministros se reunirán para discutir sus posturas sobre los expedientes, o firmar sus votos, cuando lo crean conveniente o el presidente Rosatti así lo considere.
En la Corte aseguran que no hay ninguna intención detrás de este cambio más que la necesidad de acabar con "costumbres de otra época" y dotar al tribunal de los reflejos necesarios para funcionar de manera eficiente.
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Los acuerdos podrán ser presenciales o virtuales, ya que la firma electrónica con token de seguridad admite que se ratifiquen las decisiones desde cualquier lugar en el que se encuentren los distintos ministros del tribunal.
En 2019, la Corte procesaba unas 250 decisiones por semana, entre fallos, acordadas, resoluciones y otras medidas, y a este año ese promedio fue creciendo hasta llegar a unas 600 decisiones semanales.
En cuanto al perfil del tribunal, en la Corte consideran que esa discusión todavía está pendiente, en particular la definición de si debe ser, como hasta ahora, la última instancia de la Justicia y procesar por año miles de expedientes que los tribunales inferiores pueden tomar o no, o si por el contrario se debe limitar a unas pocas causas cuya definición siente jurisprudencia para todo el sistema judicial.
Los supremos saben que un eventual cambio de estructura y función de la Corte debe ser decidido en el Congreso y como producto de un acuerdo político: por esa razón, para el corto plazo no hay expectativa de que pueda ser posible una reforma, con lo cual los esfuerzos se centran en dinamizar la salida de los fallos.
JD / CP
