El juez federal Sebastián Casanello procesó este viernes al detenido empresario Lázaro Báez y a otra veintena de personas por lavado de dinero entre los años 2010 y 2013, y decidió mandarle a su colega Julián Ercolini la parte de la investigación contra la ex presidenta Cristina Fernández.
Así lo resolvió al readecuar, como le había ordenado la Cámara Federal, los procesamientos que ya había dictado previamente y ligarlos a la concesión de la obra pública que recibió durante el gobierno de los Kirchner. Pero además Casanello dispuso enviar parte de la causa a su colega Ercolini, que investiga la megacausa por asociación ilícita y este viernes citó a indagatoria a la ex presidenta, a sus hijos Máximo y Florencia y al propio Báez por las maniobras con la empresa "Hotesur".
El fiscal Guillermo Marijuan le había pedido al juez la indagatoria por lavado de activos en la causa llamada "ruta del dinero K", pero ahora el juez entendió que "concluida la etapa de recolección de evidencias y siguiendo el criterio adoptado por el juez Claudio Bonadio en la causa conocida como 'Los Sauces', remitió los hechos a conocimiento del juez Ercolini para que se evalúe la responsabilidad de Cristina Kirchner en el marco de la asociación ilícita de la cual se deriva su imputación, de modo tal que el equipo de fiscales que lleva adelante la investigación prepare una única acusación conglobada para afrontar el 'mega juicio' contra los integrantes de la banda".
De todos modos, la causa "Los Sauces" aún continua en manos del juez Bonadio hasta tanto la Cámara Federal no confirme los procesamientos. Mientras, Casanello seguirá con la investigación sobre las entidades financieras señaladas por el financista Leonardo Fariña como las facilitadoras de la fuga del dinero al exterior. Por lo pronto, en una resolución de 750 carillas conocida en la noche de este viernes, Casanello ordenó los procesamientos de Lázaro Báez -preso desde abril de 2016- y otras 26 personas, entre ellos sus cuatro hijos -Martín, Leandro, Luciana y Melina-, por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares entre finales de 2010 y principios de 2013.
Se trata del tercer procesamiento contra Báez, aunque en este caso el juez llevó adelante un análisis integral sobre más de dos docenas de hechos de lavado de dinero que fueron denunciados por distintos actores a lo largo de la investigación, tal como se lo había pedido la Sala II de la Cámara Federal como paso previo al inicio del juicio oral y público. A lo largo del fallo, Casanello detalló cómo durante los últimos meses del año 2010 Báez comenzó a gestar, a través de Fariña, un esquema de lavado de activos que incluyó el envío al exterior, a través de financieras del microcentro porteño, de millonarias sumas de dinero ilícito originadas en el extendido esquema de corrupción que investiga Ercolini por la denuncia de Elisa Carrió en 2008 por asociación ilícita.
Casanello dio por probado que, en enero de 2011, Fariña adquirió la financiera SGI Argentina de Federico Elaskar con dinero de Báez, con oficinas en Puerto Madero, desde donde se dirigen las operaciones de lavado de la banda y se gestiona la formación de una estructura jurídica y bancaria en el extranjero para albergar el dinero expatriado, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ). SGI es la financiera descubierta por un informe periodístico del programa PPT en el que se ve a un grupo de personas contando millones de dólares. Posteriormente, el juez realizó un relevamiento de todo el entramado societario y bancario utilizado para resguardar el dinero en el exterior (Suiza, Panamá, Belice, Uruguay, España, Estados Unidos, etc.) mediante un análisis de las evidencias colectadas durante la investigación, que incluyen documentos remitidos por la justicia federal suiza como producto del proceso de cooperación que se entabló con las autoridades de la Confederación Helvética.
Finalmente, en el fallo se aborda la maniobra fraudulenta a partir de la cual, según el juez, Báez reingresó al país parte de esa fortuna, con el auxilio de la sociedad suiza Helvetic Services Group, mediante la compra en el extranjero de bonos de la deuda pública argentina por un valor aproximado de 33 millones de dólares que fueron inmediatamente liquidados en el mercado de valores de la ciudad de Rosario.
El producido de esa venta (208 millones de pesos) fue abonado a Helvetic Services Group mediante el libramiento de nueve cheques que fueron endosados en favor de Austral Construcciones, para que esta empresa los deposite en su cuenta bancaria del Banco de la Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo, en una operación que se intentó disfrazar bajo el ropaje de una emisión de acciones preferidas de Austral.
