El juez federal Sebastián Ramos procesó este lunes por abuso de autoridad a un ex alto funcionario del Ministerio de Salud de la Nación por la supuesta protección que le habría dado a la firma Farmacity, empresa que fundó y presidió hasta 2015 el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. El exfuncionario procesado es Raúl Alejandro Ramos, quien fue secretario de Políticas, Regulación e Institutos de esa cartera hasta diciembre pasado.
De acuerdo a la denuncia, Ramos demoró y se negó a sancionar a la cadena Farmacity, entonces presidida por Mario Quintana, actual vicejefe de Gabinete. "Se tiene por acreditado que en al menos tres expedientes Ramos resolvió tardíamente las sanciones que en cada caso correspondían, siendo la emisión del acto administrativo (resolución) su deber, en tanto cumplía funciones como autoridad de la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación", sostuvo el magistradoen la resolución.
La denuncia. La acusación penal fue realizada por su titular de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), María Isabel Reinoso, en base a la parálisis de un expediente administrativo que se había abierto en julio de 2014. En una inspección en el local de Farmacity ubicado en la avenida Córdoba 1861, se había detectado "un cambio de farmacéutico auxiliar sin noticia ni autorización de la autoridad sanitaria nacional y emplear un libro recetario sin rúbrica ni habilitación".
La denunciante manifestó que se habrían dispuesto "reservas" de otros sumarios instruidos contra la empresa sobre los mismos hechos. Más tarde, en 2015, la Dirección de Sumarios del Departamento de Faltas Sanitarias emitió su informe 70/15, en el cual señaló que se debían aplicar dos multas, por un total de 60.500 pesos contra Farmacity.
En febrero de 2017 la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización envió al funcionario Ramos el proyecto de resolución para sancionar a Farmacity. "Desde entonces, durante casi dos meses no se produjeron novedades. No se dictó la resolución propiciada ni ninguna otra", denunció la COFA.
Por otro lado, el 5 de abril pasado se presentó una apoderada de Farmacity en el expediente, para lo cual aportó un poder firmado por Quintana, en 2011, como presidente de la empresa, y en él se pedía que no se sancionara a la firma. Si bien la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio reafirmó su posición de sancionar a la cadena de farmacias, el expediente volvió a paralizarse: Ramos devolvió el expediente “para su archivo o guarda".
En la misma línea el procesamiento alude a que la responsabilidad primaria “se encontraba en cabeza del funcionario Ramos y con el ello el deber de dictar el acto administrativo en los sumarios que habían tenido trámite en los órganos inferiores que intervinieron", concluye.
