Farmacity quiere aprovechar su momento de cercanía con el poder. En medio de las conflictivas negociaciones entre PAMI, las farmacias y los laboratorios, la cadena retomó un viejo reclamo monetario. Fundada por el influyente vicejefe de gabinete Mario Quintana, la empresa plantea que es víctima desde hace años de una suerte de confabulación entre la industria de los medicamentos (con Roemmers a la cabeza) y las farmacias chicas y medianas, ante la mirada pasiva del PAMI. Con ese argumento, reflotó su queja ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente de la Secretaría de Comercio, quien pocos años atrás había fallado en su contra.
Ahora, ante un nuevo clima político, la Comisión podría darle razón a Farmacity en su reclamo multimillonario. De resultar así, se favorecería la concentración y expansión de ese tanque de 250 sucursales, según afirman los representantes de las demás farmacias.
A partir de un acuerdo post-crisis de 2001, las farmacias ponen una parte del descuento que se le hace a los beneficiarios de PAMI (la mayor obra social de la Argentina, con más de cinco millones de afiliados), cada vez que los jubilados o pensionados compran un remedio. Se trata de una especie de sistema solidario, en función de las capacidades, ubicación, publicidad, facturación y volumen de ventas: una farmacia mediana de Capital se hace cargo del 17% del precio del remedio, mientras que una chica de una ciudad chaqueña pone alrededor de un 10%.
En 2011, las farmacias y los laboratorios reajustaron el arreglo, considerando la expansión y ventajas comparativas de Farmacity. El promedio nacional del descuento pasó a ser del 14%, mientras que para Farmacity alcanzó los 22 puntos.
En 2014, un decreto del entonces alcalde Mauricio Macri saldaría la controversia sobre la ventas polirrubro de Farmacity en Capital: la cadena del fondo de inversión Pegasus (controladora de heladerías Freddo y el shopping Tortugas Open Mall) podría seguir vendiendo tanto remedios, como golosinas, café y galletas.
Pese a ese handicap, Farmacity siempre se opuso al acuerdo. En 2013, Quintana le apuntó directamente a Roemmers, su archienemigo de la industria. “La rentabilidad del sector queda en manos de los laboratorios”, afirmó el actual vicejefe de Gabinete.
A tal punto llegó la pulseada por esos puntos de descuento, que Farmacity recurrió al estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados para judicializar su reclamo. Patrocinada por el bufet del actual juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, la cadena pidió una medida cautelar. Pero el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Federal Nº 11 de la Capital lo desestimó.
En mayo de 2012, buscó una alternativa administrativa en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD). Denunció una movida discriminatoria por parte de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), y Roemmers SA, entre otros actores. Pero en junio de 2014, la CNDC la desairó nuevamente.
El expediente parecía cerrado, hasta que en septiembre pasado la cadena volvió a la carga en la Comisión, con el argumento del empeoramiento de la situación económica. Bajo la órbita del secretario de Comercio Miguel Braun, la CNCD pidió informes a Farmacity y citó a declarar a los representantes de la COFA y de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia. Si bien prefieren no hacer declaraciones, desde esas organizaciones intuyen un desenlace inminente y favorable a la empresa. Es decir, contrario a sus intereses. “El rol de Quintana es determinante”, opina un dirigente farmacéutico.
