Publicaron en el Boletín Oficial la "limitación" de la resolución 125

El decreto número 1176 que derogó las retenciones móviles fue publicado ayer en el Boletín oficial, con la firma del ministro de Economía, Carlos Fernández. Tal como adelantó el viernes pasado el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, las resoluciones, que llevan los números 180, 181 y 182 indican que se restituyen los aranceles vigentes hasta el 10 de marzo pasado que habían comenzado a regir el 7 de noviembre del 2007.

Con la derogación de la resolución 125, las retenciones para la soja vuelven a una alícuota fija del 35 por ciento; para el girasol al 32 por ciento; para el maíz al 25 por ciento y para el trigo al 28 por ciento.

En los considerandos del anuncio se indica la necesidad de asegurar "la protección del interés de los que menos tienen", al tiempo que se dispone que se discuta en el futuro retenciones móviles "en democracia y pluralidad pero con instituciones que estén exentas de presiones".

Los considerandos también afirman que la protesta contra la resolución 125 "fue pretexto para un violento lock out (de parte de las entidades del campo), que inició una escalada de cortes de rutas, desabastecimiento, encarecimiento de alimentos, coacciones, amenazas, agresiones verbales y físicas". También se resalta que las retenciones móviles se aplicaron en "uso legítimo de facultades constitucionales y legales ejercidas por un Gobierno constitucional electo en elecciones libres y sin proscripciones".

La resolución 180 indica que el régimen se limitan las "compensaciones para pequeños productores de soja o girasol" y para el "transporte de granos producido en provincias extrapampeanas", entre otros puntos. La 181 restablece la resolución 184 de septiembre de 2007 relacionados a alícuotas de derivados de la soja; mientras que la 182 pone nuevamente en vigencia el esquema de retenciones fijas vigente a partir del 7 de noviembre del año pasado.

El decreto, que desconoce que el Congreso rechazó la resolución 125 y se limita a decir que "no pudo resolver" la cuestión, ha merecido duras críticas de la oposición, que lo considera una burla más del Gobierno para no reconocer la derrota sufrida en la Cámara Alta. Es más, los especialistas estiman que los firmantes del decreto, se verán en su momento en problemas porque violentan la obvia independencia que establece la Constitución.