El Gobierno nacional comenzó 2018 con un objetivo primordial: cerrar la brecha del déficit fiscal. Uno de los puntos claves en la dispar búsqueda de reducir el gasto público es recortar los costos de los organismos estatales. En ese marco se encuadra la decisión de bajar el precio de 1.000 medicamentos que compran los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
Para lograrlo, la gestión de Cambiemos busca negociar de forma individial con cada laboratorio, definir un precio máximo o de referencia para cada remedio e intentar mantener esa cotización el mayor tiempo posible.
El presidente Mauricio Macri habilitó las negociaciones con la industria farmacéutica después de que el gobierno relevara los precios internacionales de los medicamentos y descubriera que en países como España y el Reino Unido hay precios hasta tres veces menores. El PAMI, que conduce Sergio Cassinotti, estima un posible ahorro de 7.000 millones de pesos, es decir, el 20% de los 35.000 millones que se gastaron en 2017 en remedios. Una medida que busca “impactar de la misma manera en el bolsillo de los jubilados”, consignaron a Perfil fuentes del organismo.
Uno de los encargados de las gestiones es Gustavo Lopetegui, uno de los vicejefes de Gabinete, que mantuvo reuniones regulares con los representantes de las tres cámaras de los laboratorios, las nacionales CILFA y Cooperala, y la internacional CAEME. El funcionario les dio un ultimatum de 36 horas, a vencer este miércoles, para que acepten el acuerdo.
La propuesta es analizada contrarreloj: el 1 de abril vence el convenio actual firmado entre la industria farmacéutica y el PAMI.
El nuevo convenio. El PAMI es el mayor comprador de remedios del país. Con cinco millones de afiliados, representa el 40% del mercado de compra. Atento a este porcentaje, el Gobierno quiere negociar que la entidad proponga un precio máximo para adquirir cada una de las mil drogas que suele comprar.
La industria farmacéutica ya acordó que a los medicamentos se les debe hacer un descuento del 5% sobre los valores registrados el 28 de febrero de este año, y la intención del Ejecutivo es que los precios se ajusten trimestralmente en base a la inflación.
Desde la entidad de previsión estiman que los laboratorios aceptarán la propuesta. El argumento es simple: “La industria farmacéutica le vende casi el 80% de lo que produce al Estado, se va a quedar sin vender”, dijeron desde PAMI a este medio.
La auditoría. Otro punto clave que la Casa Rosada quiere modificar es la forma en la que se audita el gasto de la obra social de jubilados y pensionados. Hasta ahora, esta tarea la realiza Farmalink, compañía privada está vinculada a las cámaras de la industria farmacéutica.
“Lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo, porque no puede ser que la empresa que se encarga de decir a quién se le entregan los medicamentos o a quién hay que pagarle sea parte interesada de los que venden”, argumentan desde el PAMI.
Las negociaciones con la industria farmacéutica se volvieron intensas este lunes. El oficialismo cedió mantener el vínculo con la empresa auditora pero sólo si ésta presta sus servicios sin costos para el organismo estatal. Es decir, que el costo administrativo lo aporten los propios laboratorios.
Perfil se comunicó con Farmalink, pero desde la empresa no quisieron emitir opinión sobre los nuevos acuerdos.
El documento del convenio completo:
