El 10 de agosto pasado, el juez federal Ariel Lijo consideró que el crimen de José Ignacio Rucci, el titular de la CGT asesinado por Montoneros el 25 de septiembre de 1973, no constituía un delito de lesa humanidad, y por lo tanto había prescripto. La familia de Rucci apeló el fallo y ahora la Cámara ordenó reabrir la causa y pedir nuevas pruebas.
La Sala Segunda de la Cámara Federal revocó el fallo por considerarlo "prematuro" y ordenó avanzar en la búsqueda de los autores materiales e intelectuales del homicidio.
Los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun advirtieron que "deviene imprescindible la profundización de la pesquisa", impulsada por la hija del extitular de la CGT, la diputada Claudia Rucci.
Con esta decisión, los jueces ordenaron una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación y determinar si el operativo criminal que acabó con la vida de Rucci pudo haber sido financiado por organizaciones paraestatales vinculadas con Montoneros, informó la agencia de noticias DyN.
