La reforma judicial de Alberto Fernández que será presentada por la ministra Marcela Losardo en el Congreso, gana enemigos en Tribunales. Si bien muchos apoyan la implementación del sistema acusatorio, dicen que genera suspicacias que sea el fuero federal penal el que está en la mira. "Es el que menos tiene que ver con la gente de a pie", sostienen.
La multiplicación del gasto con la creación de más juzgados es otro de los flancos que se cuestionan en Comodoro Py.
Muchas de estas últimas son tanto por el momento elegido para presentar el proyecto, en plena pandemia de covid-19, así como por los montos de dinero que demandará la puesta en marcha del nuevo escenario.
Por otro lado, y superando matices y diferencias, está el sistema acusatorio, cuya introducción es vista en la justicia como uno de los grandes aliados para mejorar el sistema de administración de justicia.
Anunciado formalmente el último miércoles en Casa Rosada, el proyecto de reforma apunta fuertemente al fuero federal, que concentra, entre otras, las investigaciones que involucran a funcionarios públicos. Es precisamente ese punto el que mayores motivos de reserva despierta.
En Tribunales genera suspicacias que el fuero apuntado por la reforma sea el penal federal. "Es el que menos tiene que ver con la gente de a pie", dicen.
“Se habla de una mejor justicia para la sociedad, pero el federal es el fuero que menos tiene que ver con la gente de a pie. No es el que la toca o atraviesa a diario y sin embargo sobre el que más se va a avanzar y más plata va a insumir”, detalla una fuente tribunalicia.
“Si federal era un problema, ahora en lugar de 12 problemas van a tener 46, no suena muy lógico, ¿no?, Porque no parece que se modificaran aspectos estructurales sino más algo coyuntural”, ironizó otra en referencia a la unificación con el fuero Penal Económico y, a su vez, la creación de 23 nuevos juzgados sólo en Ciudad de Buenos Aires.
Aunque no hay cálculos exactos sobre el monto a desembolsar para la implementación de estos movimientos y los que se requieren en otras jurisdicciones del país, en caso de aprobarse la Reforma, las estimaciones son, ya de por sí, millonarias.
No sólo implican la adaptación de edificios, sino también la creación de juzgados, con personal, equipamiento y gastos fijos. “El Consejo de la Magistratura le está pidiendo plata a la Corte porque lo que le entra del Tesoro no alcanza para cubrir los gastos actuales, cómo va a hacer cuando estos se multipliquen”, se preguntó una de las fuentes consultadas.
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Precisamente el aspecto de los gastos es uno de los que más lecturas políticas despierta. “Hay un país en medio de una pandemia, con un importantísimo gasto social y sanitario, al que se suma una situación “post-pandemia”, en el que el escenario social y económico va a ser acusiante por el parate de más de medio año, y en todo ese esquema van a destinar un desembolso para la justicia? ¿Era más prioridad anunciar cambios en la justicia que medidas de órden económico y social? No hay anuncios de lo que viene, excepto en lo judicial, no suena demasiado lógico”, especuló una fuente que finalizó con un: “así las cosas, me cuesta no leer una intencionalidad política”.
En tribunales creen que el gran cambio pasará por la aceleración de la introducción del sistema acusatorio, que da un rol más preponderante en las investigaciones a los fiscales. El sistema, que forma parte del nuevo Código Procesal Penal, ya está en marcha en el país. Su comienzo fue en 2019 por el norte, en las provincias de Salta y Jujuy, con grandes beneficios en la resolución de casos.
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Se trata de un sistema cuya estimación inicial está prevista para que llegue a Comodoro Py, en 2025, pero podría adelantarse. "Para eso es necesario hacer una adecuación de edificios, con lugares para las audiencias y poder filmar, así como para la realización de Cámaras Gesell. Cómo van a hacer para llevarlo adelante a la par del resto del gasto de la reforma, es inentendible", consideró otra fuente.
Más allá de los matices, en tribunales nadie niega que cambios son necesarios para la administración judicial, así como que la justicia debería dejar de ser uno de los escenarios dónde los políticos, de uno y otro partido, sean protagonistas.
CD/MC
