El presidente de la Nación decidió iniciar un proceso de reforma de la integración y funcionamiento de la Corte Suprema. Una de las cuestiones más delicadas, en este plano, es la referida al posible aumento de la cantidad de miembros del más alto tribunal.
Mucho se ha escrito respecto de cuál es el número más conveniente, y existen razones para justificar distintos modelos. Es posible que haya motivos fundados para introducir cambios. Pero dada nuestra historia, y la fuerte polarización política actual, resulta muy difícil llegar a consensos amplios sin que existan sospechas y desconfianza.
La Teoría del Derecho puede aportarnos herramientas para procesar conflictos de esta especie. Una de las más apropiadas para el caso que nos ocupa, es la idea de diseñar las instituciones a partir de lo que el filósofo John Rawls definió como “velo de la ignorancia”.
Graciela Camaño: "La reforma judicial no puede ser realizada sin consenso político amplio"
Esta metáfora sugiere que, si desconocemos la posición final de cada uno al cabo de una reforma institucional, se introduce un fuerte incentivo para que todos procuren crear reglas equitativas. Ello es así, porque quien toma decisiones racionales no querrá adoptar medidas que beneficien a un determinado grupo a expensas de otro, porque al final del proceso él podría terminar en el grupo sojuzgado.
La teoría sugiere, entonces, que en el diseño de las instituciones deben adoptarse mecanismos de este tipo para eliminar sesgos, iniquidades o el afán de sacar ventajas de corto plazo.
Pues bien, este ejercicio no es un mero experimento mental. Puede traducirse en reglas concretas de procedimiento destinadas a garantizar un piso de justicia, equidad e imparcialidad de las propuestas de reforma.
Marcela Losardo defiende la reforma judicial en el inicio del debate en el Senado
En el caso que nos ocupa, el “velo” podría implementarse acordando que una eventual ampliación de la Corte Suprema tenga estricto efecto diferido. Esto es, que entre en vigencia recién a partir del próximo mandato presidencial.
Así, si se dispusiera una ampliación a nueve miembros, podría acordarse que las dos primeras plazas se sumen recién a partir del próximo mandato presidencial, y las otras dos plazas en el mandato siguiente.
Con esta regla elemental se reduce la probabilidad de que una eventual reforma sea guiada por fines facciosos o para atender intereses inmediatos. Debemos exigir un velo que asegure transparencia. Un procedimiento que oriente el debate institucional en beneficio de la República, y no en el de un partido.
*Profesor de Derecho Constitucional, Universidad del Salvador.
