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POLITICA / JUSTICIA FEDERAL
domingo 11 noviembre, 2018

Ruta del dinero K: ¿cuáles son las principales medidas en la investigación tras la falta de mérito a CFK?

A través de las páginas del escrito de Casanello, al que accedió PERFIL, se desprenden los principales puntos con los que se buscará avanzar ahora en el expediente.

por Cecilia Devanna

Cristina Fernández de Kirchner. Foto: NA / DAMIAN DOPACIO

La decisión del juez Sebastián Casanello, conocida ayer, respecto de CFK, evidenció que no existen pruebas para procesar a la ex mandataria, pero tampoco para sobreseerla. Por eso resolvió la falta de mérito y ordenó una batería de diez medidas para continuar investigándola. A través de las 33 páginas del escrito del magistrado, al que accedió PERFIL, se desprenden los principales puntos con los que se buscará avanzar ahora en el expediente, cuya principal tramo ya está en juicio oral. Reiteración de exhortos a Estados Unidos y pedidos de informes a la AFIP y a la Unidad de Información Financiera (UIF), son sólo algunos de ellos.

Casanello sostuvo que "debe continuarse la investigación para determinar la concreta intervención que ha tenido Cristina Fernández en la conformación de la estructura cuyo grueso se ha elevado a juicio, pues la atribución de responsabilidad penal como consecuencia de un proceso respetuoso de la Constitución y las leyes se basa en la evidencia". Y agregó: “de allí la necesidad de colectar evidencias que permitan cristalizar un reproche que no sólo se sustente en la sospecha genérica o contextual derivada del público y reconocido vínculo de amistad que unía a Lázaro Antonio Báez y Néstor Kirchner, y de la existencia de procesos donde se ha probado la comisión conjunta de delitos. De lo contrario, la atribución de responsabilidad de Cristina Fernández en esta causa estaría basada excluyentemente en un razonamiento transitivo".

El punto es clave porque hasta ahora, de acuerdo a la investigación, no aparecieron pruebas en el expediente contra la ex mandataria y hasta Leonardo Fariña, arrepentido en la causa, sostuvo que las maniobras investigadas se hacían a espaldas de CFK. Casanello reiteró el exhorto internacional a los Estados Unidos en lo vinculado a la causa, también solicitó la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) para que recabe toda la información relacionada a diferentes firmas involucradas en el caso. El magistrado también requirió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que, en base a los distintos acuerdos de intercambio de información fiscal que Argentina tiene con distintos países, “recabe y aporte toda la información posible” de una serie de compañías mencionadas en la causa.

También encomendó a la Unidad de Información Financiera (UIF), “no sólo en su calidad de organismo técnico integrante del Grupo Egmont sino también en razón de que reviste la calidad de querellante en este proceso”, que “realice las tareas de inteligencias propias que le confiere la ley -y mediante el intercambio pertinente con sus pares extranjeros-, y confeccione un amplio informe completo de las empresas offshore mencionadas -en especial Aldyne ltd-, en el que se identifique si continúan activas, si fueron titulares y/o beneficiarios finales de productos bancarios y en qué entidades, quiénes son los propietarios y/o beneficiarios finales -en su caso-, a través de quién se han constituido y qué personas físicas podrían estar detrás de las mismas, la interacción que han tenido, y, en especial, cuál es el vínculo que las une con Lázaro Antonio Báez o Cristina Fernández de Kirchner, y si alguna de aquellas ha administrado, recibido y/o enviado transferencias a alguna otra firma relacionada directamente con Lázaro Antonio Báez y Cristina Fernández”.

Por otro les requirió que “profundicen la investigación sobre las cuevas financieras locales a los fines de conocer quiénes participaron y cuáles eran los intereses detrás de la expatriación”. Y que analicen a cada una de las personas físicas y jurídicas que “han enviado o recibido transferencias a las cuentas de las firmas involucradas en el caso, debiendo relacionar esa información a los fines de establecer la concreta relación con las personas que aún siguen siendo investigadas en la presente causa”. Así como que también analicen la información relacionada al discovery de Nevada y establezca “cuál es la concreta relación que une a dichas sociedades con Lázaro Antonio Báez y el resto de las personas imputadas”.

También que la División Análisis de Inteligencia Informática de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires eleve el peritaje que tiene pendiente y pidió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 -que lleva adelante el juicio de Báez- una copia del informe de inteligencia que la UIF, “en el cual se da cuenta la existencia de una cuenta en el CBH de Bahamas cuyos beneficiarios finales serían los hijos de Lázaro Antonio Báez”.

En ese sentido también requirió a la UIF que “realice un amplio informe en el que se identifique y consigne todos los datos de la empresa que sería titular de la cuenta informada en el CBH de Bahamas, si se encuentra activa, el lugar de radicación, las personas físicas y jurídicas que se encontrarían relacionadas a aquella, el agente residente o el estudio encargado de conformarla, como así también todos las transferencias que ha recibido y que ha realizado, debiendo indicar especialmente los movimientos de dinero que se han efectuado en la cuenta n° 579484 del CBH (informada por Suiza), de la cual, se presume, habrían sido transferido los fondos provenientes de Kinsky Foundation”.

Y encomendó a la División Anticorrupción de la Policía Federal Argentina que, una vez llevada a cabo la digitalización de la documentación que fuera oportunamente secuestrada en el marco de los allanamientos llevados a cabo sobre los domicilios de las entidades financieras y posterior realización de un exhaustivo informe en el que se relacione a los imputados en autos. En tanto requirió a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería Argentina que certifique el estado de los pedidos de asistencia jurídica internacional que aún no han tenido respuesta.


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