El juez federal Sebastián Casanello admitió que la diputada nacional Margarita Stolbizer actúe como "amicus curiae" (amiga del tribunal) en la causa en la que están procesados el empresario K Lázaro Báez, su hijo Martín y los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar en torno a la "ruta del dinero K".
"La pretensión de la Señora Diputada es demostrativa no solo de su firme compromiso en la lucha contra la corrupción, sino de su deseo de actuar por los carriles legales e institucionales, asumiendo las responsabilidades que el rol de actor dentro del proceso conlleva", sostuvo el magistrado en un fallo. Aunque el magistrado denegó a Stolbizer ser querellante en el proceso, le abrió la posibilidad de actuar como una tercera ajena al litigio y, por consiguiente, presentar escritos proponiendo testimonios y medidas de prueba, informó hoy la legisladora.
Fariña -hoy preso en Ezeiza por otra causa- y Elaskar habían declarado al programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata que sacaron del país millones de euros de Báez, que fueron transferidos a empresas fantasmas. Más tarde, se desdijeron en la Justicia.
Foco. Entre otros hechos, en la causa se investiga la compra del campo "El Carrizalejo", en la provincia de Mendoza, que en 2010 Fariña adquirió presuntamente a nombre del empresario por cinco millones de dólares en efectivo y dos años después lo vendió en 1.800.000 de la moneda estadounidense. Además, se sigue la pista del campo "El Entrevero", en Uruguay; los depósitos de Invernés S.A. en el Banco Finansur, el contrato de gerenciamiento con Gotti Hnos.; la venta de dólares y plazos fijos; la licitación de la hostería Petrel; y un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) por una transferencia de un millón de pesos de "Austral Construcciones", apuntó la agencia DyN.
En junio, dos miembros del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación empezaron a peritar los bienes y el patrimonio de Báez, de otras 13 personas y de 22 empresas en el marco de esta causa.
El magistrado ordenó el trabajo sobre "la situación patrimonial y financiera integral de todas las personas (físicas y jurídicas)" para "determinar la realidad económica de todos ellos en el período investigado" y dispuso 16 puntos de pericia que los expertos deberán contestar.
