Detrás de los grandes movimientos político-judiciales de los últimos días asoma una ONG. La renuncia inducida de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el repentino apuro del juez Ariel Lijo por detener a Amado Boudou y la suspensión del camarista Eduardo Freiler tienen un punto en común: los tres hechos, celebradísimos por el oficialismo, fueron empujados por Será Justicia. Se trata de una asociación cercana al Gobierno, a los bufetes más poderosos de la Argentina (como Bulló y Cassagne), y al tradicional (y muy conservador) Colegio de Abogados de la calle Montevideo.
Una de sus fundadoras es la abogada Eugenia Talerico, elegida por Mauricio Macri para ser la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (la UIF, más conocida como oficina antilavado).
“Nos preocupa que la Justicia no actúe en tiempo y forma”, afirmó ayer el actual presidente de la asociación, el abogado Guillermo Lipera, integrante de Será Justicia. Moderador de un inédito panel sobre agenda judicial en el último coloquio empresario de IDEA, Lipera integra el estudio Bulló. Y a su vez suena como posible reemplazante de Gils Carbó para la Procuración. Lipera se turna en la conducción de la ONG con otro abogado de peso: Máximo Fonrouge.
La agrupación a su vez tiene vínculos fluidos con Marval, O’Farrell & Mairal, uno de los estudios más importantes del país. Ese ámbito común entre peces gordos no implica una convivencia siempre armónica. Al contrario, existen tensiones internas.
Fundada hace cinco años, Será Justicia es una suerte de desprendimiento aggiornado del Colegio de Abogados de calle Montevideo. Desde su creación, funcionó como su pata militante y política, al presentarse en distintas elecciones gremiales de abogados. “La armaron para influir y blanquearse, despegándose de su pasado procesista”, afirma un abogado que suele tratar a Lipera. Se refiere al apoyo casi orgánico que ese colectivo le dio al golpe de Estado de 1976.
Pese a su breve trayectoria, en los últimos meses Será Justicia demostró su banca y capacidad de influencia. En el Consejo de la Magistratura colaboró con dos denuncias contra un juez que integraba la lista negra del oficialismo: el camarista Eduardo Freiler, ya suspendido y con pronóstico reservado. A su vez, ayudó para cumplir con una de las obsesiones que tenía Mauricio Macri desde que asumió: que Gils Carbó dejara de ser la jefa de los 400 fiscales del país.
A fines del año pasado, la asociación presentó una demanda contra el Estado. Pedía que se declarara inconstitucional la vía del juicio político para remover a la procuradora. Un planteo hecho a pedir del oficialismo, al punto de que el ministro de Justicia, Germán Garavano, lo avaló. Esa estrategia, hecha en sintonía calculada con el Colegio de Abogados, derivó en que Gils Carbó quedara a tiro de decreto de ser echada.
Días atrás, junto al mismo Colegio de Abogados y a la ONG Usina de Justicia (también simpatizante de Cambiemos), Será Justicia volvió a presentarse ante el Consejo de la Magistratura. Ahí acusaron a los jueces de Comodoro Py Lijo y Daniel Rafecas, de cajonear algunas causas. En especial, las orientadas contra los ex funcionarios kirchneristas. Usina de Justicia está presidida por la filósofa Diana Cohen Agrest, y en su comisión directiva figura otra dirigente de Cambiemos: la diputada electa Carolina Píparo.
