El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, opinó que el Estado tiene que "desalojar" a quienes ocupen tierras al pronunciarse en torno al conflicto ocurrido en Villa Mascardi, Río Negro, por la toma de tierras por parte de miembros de la comunidad mapuche, mientras que también habló de la posibilidad de retirarle beneficios sociales a quienes las protagonicen.
"El Estado tiene que hacer cumplir la ley, y si hay gente tomando tierras lo que tiene que hacer es desalojar", expresó Massa.
Además, sostuvo que se podría incurrir en retirarle los beneficios sociales a quienes tomen en forma ilegal tierras, como ser el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o la Asignación Universal por Hijo (AUH). "Es muy probable que evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras, se le caigan todos los beneficios del Estado como la Asignación Universal por Hijo o el IFE. Sino es que como que cada uno hace lo que quiere", indicó el dirigente al ser entrevistado en el canal América.
El conflicto en la zona comenzó a fines de 2017, cuando integrantes de la comunidad Lof Lafken se asentaron en tierras que pertenecen a Parque Nacionales. Este sábado, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal por los posibles delitos de "instigación" y "apología del crimen" sobre una manifestación denominada "Banderazo Patriótico en defensa de nuestros vecinos de Mascardi", en medio de las denuncias por toma de tierras y presuntas agresiones en la zona.
El Ministerio de Seguridad precisó que la denuncia se vio motivada por "la organización de una movilización que se desarrolla en ese departamento de Bariloche, Río Negro.
"Según ha trascendido por medios de comunicación y afirmaciones de dirigentes políticos y vecinales, podrían derivar en 'enfrentamientos' y situaciones de extrema violencia", indicó el comunicado.
En tanto, este domingo, el partido Juntos por Río Negro, del partido del gobierno de esa provincia, cuestionó a la titular nacional de Seguridad, Sabina Frederic, por la presentación de la denuncia. Sostuvieron que el Gobierno Nacional desconoce "la compleja realidad local" y los funcionarios cometen "lamentables errores de juicio".
DS
