El día después de una posible sanción de la legalización del aborto ya comenzó a generar inquietud en el ámbito legal y judicial, donde ya anticipan que la palabra final sobre la validez del texto la tendrá la Corte Suprema de Justicia. Es que ante los eventuales cuestionamientos a la inconstitucionalidad de la ley, u obstáculos que puedan surgir por la objeción de conciencia tanto individual como institucional, se descuenta que habrá amparos y acciones judiciales que intentarán frenar la aplicación de la norma. Con la sucesión de apelaciones que se da por descontado que habrá, el debate llegará hasta el máximo tribunal.
En 2012, la Corte Suprema ya se expidió en el denominado fallo del “Caso F.A.L.” donde determinó que no son punibles los abortos en caso de violación, y se toma como un antecedente reciente de cómo puede actuar si surge un conflicto similar.
Posturas. En diálogo con PERFIL, el titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Jorge Vanossi, sostuvo que el proyecto que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados no solo es “inconstitucional” sino que también “viola tratados internacionales”. Según lo que explicó el jurista, como no existe “una acción popular de inconstitucionalidad, lo más probable es que se presente un caso judicial desde un sanatorio o de un médico en particular, por vía de un amparo o de una acción” que intente frenar la aplicación de la ley.
A partir de eso, “puede haber apelaciones y se llega hasta la Corte. Una vez allí, la jurisprudencia toma carácter moral, es un principio reconocido, y si la Corte declara una inconstitucionalidad, los jueces inferiores seguirán esa doctrina”, dijo el abogado que fue invitado como expositor en la primera etapa del debate en la Cámara baja.
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En la vereda contraria se ubicó el jurista Ricardo Gil Lavedra, quien marcó que “no hay ninguna norma constitucional que obligue a castigar el aborto temprano”. “En la Constitución hay muy pocas conductas que dicen que hay que castigarlas como delito”, señaló. Para el ex diputado radical, que también fue expositor en el debate parlamentario, “el aborto en nuestro derecho positivo no es un homicidio, y la persona por nacer no es igual que la persona nacida”, explicó. Gil Lavedra dijo además que le “llama la atención el carácter épico que se le da a esta cuestión, el proyecto no promueve el aborto, nadie lo promueve, sino que se está tratando de dar una opción a la mujer, respetando su autonomía para decidir si quiere ser madre. Ninguna mujer se va a hacer un aborto si no quiere hacérselo, no estamos promoviendo más abortos”, indicó.
Por su parte, la abogada y diputada radical Brenda Austin, de las primeras firmantes del proyecto promovido por la campaña nacional por el aborto legal, dijo no ver “mucho asidero a los obstáculos que se están poniendo en términos argumentales” y al ser consultada si el conflicto puede llevar al máximo tribunal, fue clara: “No tengo dudas de que lo van a hacer” los detractores de la ley, pero insistió en que “hay elementos suficientes para la aplicación, no van a lograr hacer caer la ley”, si finalmente es aprobada.
La discusión legal también involucra la admisión de la objeción de conciencia institucional, que si bien no está contemplada en la media sanción de Diputados, ya se incorporó en un proyecto alternativo en el Senado que contempla los reclamos de instituciones privadas confesionales. Para Gil Lavedra, “la ley solo reconoce el derecho a la objeción individual, no así a la objeción institucional”, lo que sumaría un nuevo obstáculo jurídico en caso de que se incorpore a la normativa.
Otro proyecto pide cambios
Los tres senadores cordobeses, Laura Rodríguez Machado (PRO), Carlos Caserio (PJ) y Ernesto Martínez (Frente Cívico), avanzan en la elaboración de un proyecto alternativo de legalización del aborto que incorpora cambios al texto que cuenta con media sanción de Diputados y que, según anticiparon, se presentará el 1° de agosto, cuando finalice el debate en la Cámara alta. El proyecto, que en las últimas horas sumó el respaldo del neuquino Guillermo Pereyra, contempla que la interrupción debe realizarse hasta la semana 12 inclusive (en vez de la semana 14), agrega la objeción “de ideario” para las instituciones de la salud privada y también establece un límite de tiempo para interrumpir el embarazo en casos de violación.
La maniobra apunta a destrabar el virtual empate que se generó entre los defensores de la iniciativa y quienes la rechazan, aunque el avance de esta alternativa implicaría el regreso del tema a Diputados, donde no está garantizado que se puedan repetir los 129 votos necesarios para su sanción definitiva.
