El juez Ricardo Guarinoni es camarista del fuero Civil y Comercial Federal que produjo el fallo que esta semana declaró inconstitucionales dos artículos de la Ley de Medios que determinan los límites máximos de licencias, entre otras cosas, para reducir el tamaño de algunos multimedios. El fallo resulta de una demanda iniciada por Clarín que así resulta ser el único grupo que no debe adecuarse a las limitaciones. En caso de que la Corte apoye los fundamentos de la Cámara, Guarinoni estima que el Gobierno deberá reformar la Ley de Medios. Así se lo explicó a PERFIL.
—Tras el fallo, ¿a Clarín no le corren los máximos de licencia establecidos en el artículo 45 pero a las otras empresas que presentaron planes de adecuación les siguen corriendo las limitaciones?
—Nuestro sistema plantea un control constitucional difuso. La inconstitucionalidad declarada beneficia sólo a Clarín, al actor.
—¿Pero sienta jurisprudencia para otros casos?
—Sin duda, sobre todo a partir de que la Corte se expida sobre la interpretación definitiva.
—Si la Corte les da la razón, ¿habría que modificar la ley?
—En ese caso los perjudicados tendrán que pasar por los tribunales para declarar la misma inconstitucionalidad. Si la Corte confirma nuestro fallo, obviamente el Grupo Clarín queda con la ausencia de limitación en este aspecto.
—¿Es decir que habrá que reformar la ley?
—Si es que quieren poner nuevos límites, sí.
—Los funcionarios del Gobierno se quejan porque el fallo de cámara, afirman, los deja sin regular el cable.
—Bueno, que se ocupen de regularlo con una ley constitucional. Ese es el problema. Nosotros dictaminamos que así como está regulada es inconstitucional, incluso, muchos de los fundamentos que se utilizan para la regulación aducen un problema de monopolio, de abuso de posición dominante. Si es que eso está comprobado, está la Ley de Defensa de la Competencia que hacen que este tipo de conducta pueda ser sancionada.
—Usted, en su fallo, expresa que hubo presiones del Gobierno.
—Hubo presiones porque hemos sido denunciados penalmente todos los que hemos participado en el régimen de subrogancias, tenemos denuncias ante el Consejo de la Magistratura, por el tema de un viaje a Miami que afirman que lo pagó Clarín. Quien nos invitó fue Certal, una entidad internacional con sede en Montevideo; y la Federación latinoamericana de magistrados. Es absurdo pensar que por tres días en Miami, uno va a cambiar el voto de un juicio.
—Este fallo se conoce en un momento en que la Justicia está en una situación política complicada. ¿Cómo cree que va a jugar este fallo en la pelea que hay entre poderes?
—El fallo no lo hicimos por ninguna oportunidad política. Lo que nos motivó a sacarlo es que la Corte había pedido celeridad y además que creemos que estamos expuestos a cualquier tipo de recusación por cualquier causal si lo demorábamos. El caso fue estudiado en profundidad.
—Cuando se lee el fallo se observa que los votos de los tres jueces se abrazaron a las consideraciones del perito de oficio, ¿por qué?
—Es el peritaje más creíble en el sentido de que es un peritaje imparcial. Se basa en discrimar entre el espectro radioléctrico que es un espacio limitado y que el Estado tiene que regular, eso creo es constitucional porque es un espectro limitado. El cable no y debería quedar librado a la competencia con obviamente el requisito de no violar la ley de Defensa de la Competencia.
—¿Qué irracionalidad encuentran en las limitaciones a las propiedades cruzadas como que el dueño de un canal de aire no pueda tener uno de cable en la misma localidad?
—Que no tiene fundamento técnico, o de bien común o de racionalidad. Si la limitación es irracional lleva a la inconstitucionalidad.
—¿Qué opina de esta reforma judicial?
—Con respecto a reforma del Consejo de la Magistratura, yo creo que es inconstitucional y se pretende controlar al Poder Judicial en desmedro de su independencia. Está en riesgo la República.
