En la última sesión del año, la Cámara de Diputados espera convertir en ley el próximo martes el proyecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que comenzará a regir desde 2021, luego de un año de aumentos por decreto que el Poder Ejecutivo busca dejar atrás.
En un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social que se realizó el último miércoles, el oficialismo pareció asegurarse los votos necesarios para alcanzar la mayoría y avanzar hacia la sanción definitiva.
En primer lugar, obtuvo el estratégico respaldo del bloque Unidad y Equidad Federal de José Luis Ramón, los referentes de Córdoba Federal dieron su aval a través de la firma de Paulo Cassinerio y también se expresaron los integrantes del Frente de la Concordia Misionero que aportan tres votos para la suma final.
Por su parte, los integrantes del bloque lavagnista Consenso Federal Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez habían anticipado su voto en contra porque pese a las reformas incorporadas “sigue perjudicando a los jubilados y pensionados”, en sintonía con el socialista Enrique Estévez y el representante del santafesino Frente Progresista Cívico y Social Luis Contigiani.
La sesión fue convocada para las 11 y como se trata de un tema que seguramente abrirá un largo debate, no se incluyó en el cronograma algunos asuntos que el Ministerio de Economía aspiraba sumar como los incentivos a los créditos hipotecarios y a la construcción privada y que seguramente quedarán para la próxima sesión en enero, ya en período de sesiones extraordinarias que comenzará el lunes 4.
El eje de la discordia tiene que ver con la variable inflación que no fue incluida en el nuevo cálculo que dará el primer aumento a partir de marzo y que para la oposición “tiene que ver con un ajuste fiscal, una reducción del gasto que nos parece muy injusto hacerlo sobre el esfuerzo de una cantidad muy importante de personas, casi 7.200.000, de los cuales la mayoría está ganando la mínima”, dijo a PERFIL el diputado radical Miguel Bazze. “Nosotros aprobamos un Presupuesto expansivo y sustentable y es por eso que en vez de atar la fórmula a la inflación la hemos atado a otras variables, a la recaudación, a los salarios, eso es la sustentabilidad del sistema. Si hacemos lo contrario, con la fórmula anterior es desvincular a las jubilaciones de la economía real y por lo tanto siempre se iba a caer en una trampa de sustentabilidad”, argumentó el legislador de Patria Grande Itaí Hagman, al destacar la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo al Congreso y que posteriormente recibió cambios en el Senado.
Desde la izquierda, el diputado Nicolás Del Caño presentó un dictamen propio que pretende instaurar el 82% móvil a las jubilaciones que se aprobó durante 2010 y que vetó la entonces presidenta Cristina Kirchner por considerar que el sistema dejaba de ser sustentable si se garantizaban dichos haberes. “Estamos nuevamente frente a un gobierno que busca hacer caja con los ingresos de los más vulnerables, esta vez para pagar la deuda con el FMI. Lo hizo Macri, lo hace ahora Fernández”, dijo Del Caño durante el debate en comisiones.
