Juan José Gómez Centurión, director de la Aduana, fue sobreseído definitivamente en la causa penal que se abrió luego de que negara que haya existido un plan sistemático de desaparición de personas durante la la última dictadura cívico-militar, además de cuestionar la cifra de 30.000 detenidos-desaparecidos.
El fiscal federal Ramiro González desistió de apelar el sobreseimiento que había dictado el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien entendió que Gómez Centurión no incurrió en "apología del delito", como tampoco exaltó ni reivindicó ningún hecho y/o protagonistas, informaron fuentes judiciales a la agencia DyN.
El jefe de la Aduana -hoy de licencia por enfermedad- había dicho el 29 de enero pasado que la represión ilegal de la última dictadura "no fue un plan sistemático para desaparecer personas ni un genocidio", sino que se trató de "un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que había arrancado en el '75 con una orden constitucional de aniquilamiento".
También sostuvo que "la desaparición de miles de personas es terrible. Es un análisis de causa-consecuencia. Y el número no es pornográfico en la medida de cómo lo desarrollemos, porque 8.000 personas muertas desde el punto de vista social es espantoso, pero desde el punto de vista histórico no es lo mismo 8.000 verdades que 22 mil mentiras".
Gómez Centurión combatió en la Guerra de Malvinas y recibió una de las máximas condecoraciones por su accionar en batalla. Pero también adhirió al movimiento de militares "carapintadas" que se rebeló contra el gobierno de Raúl Alfonsín cuando avanzó con las acusaciones por violaciones a los derechos humanos contra todos los estamentos castrenses.
Según organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, en la Argentina hubo 30 mil desaparecidos durante la dictadura de 1976-83 y que incluso la represión ilegal comenzó antes del gobierno de facto, en la administración de María Estela Martínez de Perón (1974-76). Incluso la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, promulgó el viernes pasado la ley que obliga a inscribir la leyenda "30.000 desaparecidos" y "dictadura cívico-militar" en todas las publicaciones de los tres poderes de la provincia.
En cambio, el llamado "Informe Sábato", elaborado en 1984 por el escritor Ernesto Sábato y más personalidades que integraron la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP) que luego se editó en un libro titulado "Nunca Más", reportó en base a testimonios y entrevistas que hubo 8.961 víctimas, entre desaparecidos y ejecutados.
Y en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte), elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación durante 2015, constaron en total 8.571 hombres y mujeres caídos en el régimen de facto.
El presidente Mauricio Macri declaró a un sitio de noticias de los Estados Unidos: "Es un debate en el que no voy a entrar. No tengo idea si (las víctimas) fueron 9.000 o 30.000. Es una discusión que no tiene sentido".
