El caso Correo Argentino suma un nuevo capítulo para empantanarse aún más. La empresa Socma (Sociedades Macri), de la familia del ex presidente Mauricio Macri, denunció una supuesta maniobra de “abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y daños” en la designación de la interventora de Correo por parte de la Justicia, de acuerdo al expediente al que accedió PERFIL.
Socma se presentó el 28 de mayo en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 y de acuerdo a la carátula del expediente los acusados son NN. La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Rívolo. La empresa ya había pedido la nulidad del sorteo informático mediante el cual se designó a la interventora de Correo el 12 de marzo.
A principios de marzo, con Macri fuera del poder, la Justicia había ordenado la intervención de la compañía, que mantiene una deuda millonaria con el Estado.
En 2019, la jueza ya había designado un co-administrador en la empresa, pero no había sido por sorteo sino a dedo. El 11 de marzo, de acuerdo al expediente, el co-administrador renunció y no aceptó asumir como interventor, una función que le daba mayores atribuciones en el destino y manejo de la compañía residual y que, además, desplazaba a los administradores que responden a la ex familia presidencial.
Los representantes de la empresa nunca se presentaron a supervisar
Ese mismo 11 de marzo, la jueza dispuso para el día siguiente un sorteo para designar al interventor a través del sistema informático “Lex 100”, el mismo que se utiliza para el sorteo de denuncias en todo el Poder Judicial y que ha sido objeto de denuncias en los últimos años. Los interventores deben ser expertos independientes que integran una lista de auxiliares de la Justicia.
Los representantes de Correo nunca se presentaron a supervisar el Correo. Sostienen que no fueron notificados. La contraparte en el proceso sí se presentó, de acuerdo a las actas judiciales. Se trata de la Procuración del Tesoro de la Nación, actualmente a cargo de Carlos Zannini.
Socma pide que se anule el sorteo del 12 de marzo y, por tanto, la designación de la interventora que está en funciones desde el 13 de marzo. “La jueza, en forma unilateral y sin petición de parte, ordena la designación de una nueva interventora administradora”, planteó Correo ante la Justicia, haciendo hincapié en que el objetivo de la magistrada habría sido “evitar que la concursada (Correo) asista al sorteo del nuevo interventor”.
La interventora cumple un rol central en el destino de la compañía y en el futuro judicial de los Macri. La fiscal general del caso, Gabriela Boquin, había pedido el desplazamiento total del órgano de administración y la designación de un nuevo interventor judicial al considerar que durante años hubo “un vaciamiento” de la empresa a través del supuesto desvío de fondos a otras compañías de los Macri, de acuerdo a sus dictámenes.
Qué hay detrás de la decisión de "casi intervenir" la empresa de los Macri
La interventora tiene acceso a los libros de la compañía y a los manejos administrativos y financieros y puede tomar decisiones clave. Además, Correo se encuentra en proceso de “salvataje” o “cramdown”.
El caso. Correo está en concurso de acreedores desde hace 18 años. El junio de 2016, los funcionarios de Macri habían acordado una quita del 98,87 % a la deuda de Correo Argentina SA. El Estado dejaría de percibir más de $4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).
En 2017, la fiscal general Boquin se opuso al acuerdo y Macri debió dar marcha atrás. Tras dos años y medio de dilaciones, el gobierno de Cambiemos decidió en noviembre de 2019, a semanas de dejar el poder, rechazar la propuesta de la compañía para saldar su deuda con el Estado. De esta forma, Correo quedó en una situación aún más compleja. La Justicia ordenó el salvataje de la empresa.
La alternativa al salvataje hubiese sido la quiebra, un escenario más riesgoso para la ex familia presidencial porque podría implicar la extensión de la quiebra a Socma y Sideco, accionistas de Correo durante las últimas décadas. El abogado de Correo viene sosteniendo ante las consultas de este medio que la compañía quiere llegar a un acuerdo lo antes posible.
El salvataje tampoco fue una buena noticia para Correo: el proceso podría exponer aún más a los responsables del manejo de la compañía por presunto fraude a sus acreedores, de acuerdo a una denuncia de la fiscal.
A inicios de junio, el fiscal Rívolo había solicitado copias certificadas de la causa Correo para proceder con la investigación de la denuncia de Socma. La jueza Cirulli sostuvo que era “imposible” y envió el expediente original a Comodoro Py 2002. Ayer, Zannini planteó que la causa “no admite demoras” y que Rívolo debe remitir lo antes posible el expediente. La jueza dispuso entonces que la causa regrese el próximo martes a su juzgado.
Crónica
- Correo está en concurso de acreedores desde hace unos 18 años.
- En 2016, el gobierno de Macri había acordado una quita del 98,87% a la deuda.
- La fiscal Boquin se opuso al acuerdo y Macri debió dar marcha atrás. Recién en noviembre de 2019, su gobierno tomó una decisión en el caso.
- ◆ Como procurador del Tesoro, Zannini dio un giro. Se intervino la firma y en proceso de salvataje.
