El entorno del ex presidente Mauricio Macri reaccionó esta semana ante la orden judicial de intervenir la administración de Correo Argentino SA, una compañía de su familia. Tres referentes políticos de Cambiemos con incidencia pasada y presente en el destino de los jueces firmaron un comunicado respaldando a la familia del ex presidente y acusando una especie de ‘lawfare’ macrista en el caso Correo. “La acción de Boquín fue sostenida por una operación plagada de mentiras y falsedades de medios y periodistas afines al kirchnerismo y se convirtió en el escándalo público conocido por todos”, sostuvieron esta semana.
PERFIL analizó los puntos informados en el comunicado a favor de Macri, que sostiene una supuesta “persecución política” en su contra. Varios presentan contradicciones con el expediente.
Los firmantes reclamaron “independencia judicial”. La defensa pública fue firmada por el diputado Pablo Tonelli (miembro del Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y controla a los jueces), el ex ministro de Justicia Germán Garavano y ex candidato a vice de Macri, Miguel Pichetto.
Tonelli está directamente involucrado en el caso Correo. Este medio se comunicó con sus voceros pero no respondieron la consulta. De acuerdo a los registros oficiales, su yerno Pablo Sarín fue director de la compañía de los Macri desde al menos 2005. En diciembre de 2019, Sarín fue nombrado vicepresidente de Correo Argentino SA. Este mes, Sarín fue desplazado en los últimos días de la administración de la compañía cuando la jueza Marta Cirulli ordenó la intervención.
Tonelli fue abogado de Correo. Los pagos al estudio Tonelli, que se realizaron mientras el diputado todavía era socio, son por $ 4.437.984. Correo le pagó esa suma en concepto de honorarios profesionales por el concurso de acreedores, entre 2004 y 2007, según consta en el expediente por presunto vaciamiento de la compañía, anexo a la causa por el concurso de acreedores.
El acuerdo que se firmó en junio de 2016 implicaba que el Estado dejaría de percibir más de $ 4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General.
En el comunicado de esta semana, los defensores de Macri sostuvieron: “En 2007, el 80% de los más de 600 acreedores aceptó una propuesta de pago” e “inexplicablemente el Estado Nacional se opuso y en 2010 la jueza de primera instancia resolvió denegar la homologación del acuerdo”.
El Estado es el principal acreedor, pero efectivamente hay al menos otros 354 acreedores representados en el expediente a través de apoderados. Pero los apoderados de estos acreedores particulares son 14 abogados, de los cuales solo dos no están vinculados a quienes administran Correo.
Por ejemplo, Ignacio A. Buceta, del estudio Tonelli, aparece representando a 15 acreedores y también figura como director suplente de Correo en 2007 y 2010. Claudio G. Lehmann figura en el expediente como abogado de 33 acreedores y fue director titular y suplente de Correo entre 2007 y 2011. Germán G. Carnevale representa a 19 acreedores y cobró honorarios de Correo entre noviembre de 2010 y 2012. Susana Piantelli es abogada del estudio Kleidermacher, que a su vez es apoderado de Correo, pero la letrada representa a 44 acreedores.
En total, siete abogados de acreedores están relacionados con Lehmann (fijaron el mismo domicilio, en Tucumán 1650 2º F). Otros dos están vinculados al estudio Kleidermacher y otros tres, al estudio Tonelli.
Cronología del caso
- 2001. Correo Argentina SA entra en concurso de acreedores. Su principal acreedor es el Estado. Además, la empresa le reclama a la administración pública por supuestas deudas.
- 2003. Néstor Kirchner ordena la estatización y el correo vuelve a manos del Estado.
- 2005. La Justicia ordena el salvataje de la empresa para evitar la quiebra. La medida nunca se ejecuta.
- Junio 2016. El gobierno de Macri firma un acuerdo con Correo Argentino SA para el pago de su deuda. La Justicia no da intervención a la fiscalía general de Boquin.
- Octubre 2016. El expediente ingresa en fiscalía general ante la Cámara Comercial.
- Diciembre 2016. Boquin firma su primer dictamen en contra del acuerdo entre el Ejecutivo y Correo. Los contadores del Ministerio Público Fiscal establecen que el acuerdo le ahorraba el 98,87% de la deuda a la empresa.
- Febrero 2017. Se da a conocer el segundo dictamen de la fiscal oponiéndose al acuerdo por “abusivo” y contrario a los intereses del Estado. Macri ordena volver a “foja cero” y renegociar.
- Abrirl 2017. Boquin denuncia el supuesto vaciamiento de Correo Argentino SA para el presunto desvío de fondos hacia otras empresas de los Macri.
- Diciembre 2018. La Corte Suprema avala la intervención de la fiscal para investigar el supuesto vaciamiento.
- Septiembre 2019. La Corte ordena a las juezas avanzar con el caso Correo y definir el destino d ela compañía. La Justicia ordena un co-administrador en Correo.
- Noviembre 2019. El Gobierno de Macri rechaza la última oferta de Correo Argentino (presentada en julio de 2018) para saldar su deuda y llegar a un acuerdo.
- Diciembre 2019. Las juezas de la Cámara Comercial ordenan el salvataje de la compañía para evitar su quiebra.
- Febrero 2020. La fiscal pide intervenir la empresa. Luego, el procurador del Tesoro, Zannini, pide lo mismo.
- Marzo 2020. La jueza ordena la intervención de la compañía y desplaza a los administradores nombrados por los Macri.
