La jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso la intervención total de la empresa Correo Argentino y el desplazamiento total de sus administradores, que habían sido designados por la empresa Socma, de la familia Macri. De ese modo, la magistrada hizo lugar a un pedido del Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, y la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín.
Boquín había pedido el desplazamiento total del órgano de administración y la designación de un nuevo interventor judicial al considerar que durante años hubo "un vaciamiento" de la empresa del Grupo Socma y expresó: "El Correo Argentino perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa".
Por su parte, en un escrito presentado ante la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial a mediados de febrero, Zannini destacó que el Estado Nacional "tiene un interés concreto" en que se proceda en la intervención del Correo tras "una serie de irregularidades que tienen entidad suficiente para lesionar seriamente sus intereses".
Tal como publicó la periodista Emilia Delfino en PERFIL, el Gobierno del entonces presidente Macri y la empresa de su familia debían llegar a un acuerdo para que Correo Argentino SA pagara una deuda con el Estado Nacional que viene arrastrando desde hace casi dos décadas por cánones adeudados durante la concesión del correo. Entonces, Franco Macri estaba al mando de la compañía. Tras la estatización del correo en 2003, la compañía que gerenciaba el servicio se negó a pagar su deuda y esta comenzó a acumular intereses millonarios.
Preocupa a Macri el alcance de la causa Correo sobre él y su familia
Tal como anticipó PERFIL, Los funcionarios de Macri debían garantizar los intereses del patrimonio público pero terminaron firmando un pacto por el que que el Estado dejaría de percibir más de $ 4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación. A marzo de 2033, cuando finalizara el plan de pagos acordado, la administración pública habría dejado de recibir más de $ 70.163 millones de Correo Argentino SA.
Fue la fiscal Boquín la que descubrió la maniobra cuando el expediente llegó a la Cámara de Apelaciones en lo comercial y lo denunció. Macri se vio obligado a dar marcha atrás con el acuerdo, que había sido monitoreado por el entonces ministro Oscar Aguad. Para Boquín y para Zannini, ahora al frente de la Procuración, la presencia de directivos vinculados a Socma seguía perjudicando los intereses del Estado y por eso reclamaron una intervención total.
Este domingo, PERFIL publicó que Macri estaba preocupado por el avance de la causa y el posible perjuicio para sus hijos y su hermano, que forman parte de la empresa.
BDN/MC
